Caso Cloacas: El PSOE entrega al juez el listado de abogados contratados pero no aclara los trabajos

El PSOE ha entregado este martes en la Audiencia Nacional la información que el juez Pedraz, que instruye el caso Cloacas o caso Leire, reclamó sobre la contratación de abogados y despachos entre 2021 y 2025. El partido aporta una tabla con la lista de contratados y las facturas, pero ha vuelto a invocar el secreto profesional para no especificar el objeto de cada encargo, del que solo ofrece una «descripción genérica de la categoría del servicio prestado».

Así figura en el escrito presentado el martes al juez Santiago Pedraz para cumplir el requerimiento que el instructor le hizo el 6 de octubre y le reiteró el 23 de octubre. En esta última resolución le advertía de que la invocación del secreto profesional debe ser «concreta y no genérica». El PSOE dice haber tomado «buena nota». «Así lo entiende y así se actúa», añade.

En ese mismo escrito el abogado del PSOE dice que «para dar cumplimientoa la exigencia de identificación individualizada que formula la Providencia de 23 de octubre pasado, se hace constar que la relación que se efectúa en el documento n.° 1 que aporto adjunto a este documento identifica cada encargo línea a línea, cumpliendo así con la confidencialidad establecida en los Arts. 16.5.a de la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho a la defensa, Art. 22.1 del Estatuto General de la Abogacía Española y Art. 542.3 de la LOPJ».

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Además, «todas las facturas en que se apoya el documento n.° 1, han sido emitidas en los distintos territorios y han sido sufragadas por el PSOE, atendiendo las mismas, respuesta a las distintas necesidades de asesoramiento jurídico de órganos del partido de distinto ámbito territorial, así como a la intervención en procedimientos judiciales que vengan motivados o impliquen algún tipo de acción política. La documentación que se aporta, entendemos, salvo superior criterio de Señoría, que damos por cumplido con lo requerido y respeta la normativa ya citada».

Habrá que esperar a ver si al juez Pedraz y a la Fiscalía les sirve esta información tal y como llega o pide una ampliación más detallada de algunos casos concretos.

El letrado del PSOE añade que queda a disposición del juez «sí considerara que precisara aclaración o información adicional respecto de lo aportado. Y es la amplia documentación aportada, ilustra sobre los encargos realizados a profesionales, el concepto del encargo y los pagos,
sin poner en evidencia otros datos que puedan afectar a lo dispuesto en el Art. 22.1 y Estatuto General de la Abogacía en relación con el Art. 542.3 LOPJ, en relación con los letrados a los que se les han encargado los servicios, sujetos físicos o jurídicos del partido a los que afectaran los servicios, así como a las posibles estrategias de defensa en distintos procesos por las acciones a interponer».

Dentro del caso Leire, Pedraz investiga si el partido recurrió a abogados para impulsar y financiar las operaciones de la apodada como «fontanera del partido», Leire Díez, para desactivar las causas judiciales que perjudicaban al PSOE y al presidente del Gobierno. Dos abogados a los que contrató el partido, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, y ya han sido imputados y el juez rastrea otras posibles actuaciones similares.

El PSOE ha entregado finalmente dos documentos: un Excel con cada encargo, el territorio o federación que lo contrató, el despacho, la cuantía y «una descripción genérica de la categoría del servicio prestado»; y las facturas, con «importes, fechas, datos fiscales y conceptos tal y como fueron emitidos». Resalta que todos esos gastos «han sido sometidos a auditoría y están depositados en el Tribunal de Cuentas».

Para defender la ausencia de algunos datos, el PSOE aporta la respuesta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), al que el partido habría consultado. En ella se indica que la protección es máxima para los informes y escritos del abogado, parcial para las hojas de encargo, contratos y facturas, y no alcanza a los datos identificativos y económicos. La identificación «no debe acompañarse de la descripción del objeto del encargo», indica.

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El escrito termina solicitando al juez Pedraz que mantenga la reserva de lo aportado, para que no quede al alcance de las acusaciones populares. Sostiene que la información «no es inocua», porque si se cruzan datos como despacho, órgano contratante, fecha e importe es posible «en no pocos casos» inferir «quién ha sido asesorado y para qué», algo que según el partido afecta a la intimidad y a la ideología de cargos y militantes.

A eso se suma, añade, el momento político en que nos encontramos, en vísperas de unas elecciones generales. El partido «se encuentra inmerso en un proceso electoral, en el que la difusión fragmentada o descontextualizada de esta información puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara».

El juez ha accedido a esa petición y, por el momento, solo la Fiscalía Anticorrupción puede consultar los datos aportados. Las acusaciones populares, que coordina la asociación Hazte Oír, incluyen a tres partidos políticos que concurren al 29-N, el PP, Vox e Iustitia Europa.