Las multas a los súpers 24 horas de Barcelona suman ya alrededor de 300.000 euros desde 2025. Lo reveló la concejala de Comercio, Raquel Gil, en la comisión municipal de este miércoles.
Detrás de la cifra hay una maquinaria: 240 cargos de sanción tramitados, más de 880 infracciones detectadas en más de 90 establecimientos y una treintena de medidas cautelares, con órdenes de precinto y ‘algunos cierres’ de locales. Sale a unos 1.250 euros por expediente. Poco, si el negocio funciona.
El dato no salió de una comparecencia a petición propia. Lo pidió Junts con un ruego para que el Ayuntamiento redacte un informe sobre qué se ha hecho con estos locales. Es decir: la oposición quería papeles.
Qué hay detrás de los 880 incumplimientos en 90 locales
Los cinco dispositivos específicos de multiinspección desplegados desde el año pasado se concentraron en zonas con ‘más presión comercial, más presión turística o más quejas’, en palabras de Gil. De ahí salieron las infracciones de naturaleza diversa, y la treintena de medidas cautelares, precintos y clausuras incluidas.
El último episodio conocido fue la macroinspección de Gràcia a finales de octubre, que terminó con 11 súpers cerrados por fraude eléctrico y plagas. No es un caso aislado: en las últimas semanas han trascendido locales que abrieron sin permiso y recibieron orden de clausura.
Joan Rodríguez (Junts) no se quedó en el número. Habló de un ‘problema evidente de equilibrio comercial y disciplina urbanística’ y de la ‘proliferación descontrolada de súpers 24 horas y minisupermercados’. Su sospecha es concreta: hay negocios que no cumplen el resultado de las inspecciones, no pagan las multas y bajan la persiana un día para levantarla al siguiente.
Un local que cierra el lunes y reabre el martes no es un fallo administrativo: es una forma de entender el negocio.
Gil no niega el diagnóstico, pero desplaza el foco. Defiende que el consistorio ‘está actuando tanto en el ámbito de la regulación como de la inspección’ y se ha comprometido a elaborar el informe que reclama Junts.
La moratoria caduca en mayo y la ordenanza aún no existe
El pasado mayo el Ayuntamiento aprobó una suspensión de licencias: durante un año no se autorizan nuevas aperturas en la ciudad. Ese plazo decae en mayo de 2027 y la concejalía se ha dado de margen hasta entonces para alumbrar la nueva regulación, que según Gil abarcará toda la ciudad para evitar que los negocios se muden de barrio en barrio. Los detalles se irán publicando en la web del Ayuntamiento de Barcelona.

El perímetro del problema es amplio: se contabilizan al menos 1.300 colmados. Con 1,7 millones de habitantes, sale uno por cada 1.300 vecinos. La concentración no es homogénea. Se ceba en los distritos con más presión turística, como Ciutat Vella y el Eixample, y en barrios donde ya ha habido macroinspecciones, como Gràcia.
En el comercio de proximidad el argumento es conocido: un local abierto 24 horas compite con reglas distintas, alarga el ruido hasta la madrugada y convierte la planta baja en otra cosa. El modelo tiene demanda, y eso complica cualquier prohibición.
Gil lo enmarca en una discusión de fondo: ‘Detrás de esta cuestión, hay un debate de modelo de comercio y de ciudad’. Añade que en los últimos años estos establecimientos han crecido ‘en determinadas zonas con concentraciones excesivas’. El negocio del nunca cerrar tiene su propio mapa.
Análisis: el precedente del PEUAT y el riesgo del efecto traslado
Barcelona ya ha jugado esta película. El PEUAT, el plan especial que desde 2017 limita la apertura de nuevos alojamientos turísticos, nació con la misma lógica: congelar licencias, hacer diagnóstico y ordenar por zonas. Funcionó a medias. La lección que extraemos es incómoda: una moratoria sin ordenación posterior solo cambia el problema de coordenadas.
Aquí el riesgo es doble. Primero, el traslado: si la norma no es homogénea, el colmado que no cabe en una esquina reaparece tres calles más allá. Segundo, la reincidencia: sin cruzar datos de titularidad y de sociedades, la sanción se queda en un peaje para quien puede pagarlo. Y el peaje, en un local con caja diaria de 24 horas, se amortiza.
Hay un tercer elemento, competencial. La licencia de actividad es municipal, pero el marco del comercio viene de la normativa catalana de comerç, serveis i fires y de la ordenanza que debe encajar con Urbanismo. La parte difícil no es multar: es ordenar. Y ordenar exige criterio, no solo voluntad.
De momento hay dos hitos con fecha: el informe que Comercio ha prometido entregar y la ordenanza que debe estar lista antes de mayo de 2027. Si no llega, la moratoria se extingue y el Ayuntamiento se queda sin red. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

