La cooperación militar entre EE.UU. y Venezuela regresa tras la captura de Maduro y deja a Repsol ante un tablero nuevo.
Pete Hegseth cerró esta semana en Caracas su gira regional con un acuerdo para restablecer la colaboración castrense con el régimen chavista. Fue su primera visita al país desde que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro. La escenografía no fue casual: cada aparición del secretario de Defensa servía para subrayar quién manda ahora en el Caribe.
Conviene recordar cómo se llegó hasta aquí. El expresidente venezolano fue detenido en la madrugada del 3 de enero por operativos de la Delta Force, la unidad de élite del Departamento de Defensa estadounidense. Hegseth describió aquel golpe como ‘la operación militar más sofisticada de la historia de América Latina’.
Y aquí está la paradoja que casi nadie subraya. Washington sancionó a ese mismo Gobierno durante casi una década y ahora firma con él un marco de cooperación militar. La interlocutora no es un tecnócrata de transición: es Delcy Rodríguez, la dirigente que fue vicepresidenta del Gabinete de Maduro y que sigue siendo una de las llaves de la estructura de poder en Miraflores.
Qué incluye el acuerdo y por qué rompe el guion de la última década
Los términos exactos no han trascendido, y ahí empieza el problema para quien tiene activos sobre el terreno. Lo que se conoce habla de reanudar programas de formación, intercambio de inteligencia y presencia técnica. Traducido: Venezuela vuelve a ser un territorio donde las grandes potencias negocian, y quien no esté en el nuevo mapa se queda fuera del reparto.
El trasfondo es energético antes que castrense. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del planeta y una producción que lleva una década en caída por falta de inversión y de tecnología. Quien controle el ritmo de reapertura del sector controla el precio del barril a cinco años vista. No es casualidad que las petroleras estadounidenses hayan movido ficha en los últimos meses.
Venezuela no ha cambiado de régimen: ha cambiado de socio, y ese cambio se negocia con contratos de crudo y de seguridad sobre la misma mesa.
Qué se juega España con Repsol, la banca y las compensaciones pendientes
La petrolera Repsol es la compañía española con más piel en el asunto. Opera en el país desde los años noventa y fue socio de PDVSA en la faja del Orinoco, la franja donde se concentra el crudo más pesado y más caro de extraer. Sobrevivió a la expropiación de 2007, cuando el Gobierno se quedó con la mayoría de los proyectos, y años después cerró un acuerdo de compensación con el Estado venezolano.
El problema no es el pasado, es el reparto que viene. Un marco de seguridad entre Washington y Caracas suele traer condiciones aparejadas: garantías de seguridad jurídica, cláusulas de arbitraje, compromisos de repatriación de capital. Quien negocie con el aval de la Casa Blanca tendrá ventaja. Quien negocie solo, no.
La banca española juega otra liga. Santander vivió en primera persona la nacionalización de Banco de Venezuela en 2009 y, desde entonces, las entidades del Ibex han mantenido una exposición prudente, más ligada a la financiación del comercio y a los avales que a la red minorista. Ese perfil bajo protege, pero también deja sin sillón cuando se reparte la reconstrucción financiera del país.
Y luego está la política. España reconoció en 2019 a Juan Guaidó como presidente encargado, una decisión que entonces se vendió como defensa de la legitimidad democrática y que hoy condiciona la posición española en cualquier mesa de reconstrucción. Las sanciones de la Unión Europea siguen sobre el papel. ¿Se levantan antes de que se firmen los contratos o después?
El precedente que conviene mirar: de la expropiación de 2007 a la Argentina de 2012
España ya ha jugado esta película. En 2012, el Gobierno argentino expropió el 51% de YPF a Repsol y el conflicto se cerró años más tarde con una compensación pactada, no con una victoria judicial. La lección es incómoda: los derechos de propiedad se negocian con poder político detrás, no solo con contratos firmados.
El segundo precedente es venezolano y más antiguo. La ola expropiadora de 2007 golpeó a Repsol, a Exxon y a ConocoPhillips. Las dos estadounidenses optaron por el arbitraje y llevan más de una década peleando por el cobro; la española negoció, cedió participación y siguió operando. Esa estrategia de permanencia explica por qué hoy Repsol sigue en el mapa y sus competidoras, no.
A eso se suma el peso del legado. Venezuela no es un país cualquiera para España: comparte lengua, derecho y una historia que arranca con la fundación de Caracas en 1567 y continúa con la independencia que lideró Bolívar. Ese vínculo explica la densidad de empresas españolas en el país y también la paciencia con la que han atravesado cada crisis.
Lo que toca vigilar en las próximas semanas es concreto: si el acuerdo incluye garantías para la inversión extranjera, si Bruselas mueve ficha en las sanciones y si las autoridades venezolanas reabren la mesa de compensaciones. España tiene allí empresas, historia y una comunidad de cientos de miles de personas. Ninguna de las tres cosas se defiende sola.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Pete Hegseth cerró en Caracas un acuerdo para restablecer la cooperación militar con el régimen chavista, meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.
- Datos importantes: Maduro fue detenido el 3 de enero de 2026. Repsol opera en Venezuela desde los años noventa y la nacionalización de Banco de Venezuela, entonces del Santander, se cerró en 2009.
- Resumen: El reparto del crudo venezolano se reabre y España afronta la negociación con menos palancas políticas que hace una década.

