Bruselas vuelve a llevar a España ante el TJUE por el Modelo 720: exige indemnizar a los afectados

El Ejecutivo comunitario recurre al artículo 260 del Tratado, que permite multas directas contra el erario público. La Comisión avisa de que ningún fallo de Luxemburgo devolverá el dinero automáticamente a los afectados.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea reactiva el expediente INFR(2017)4004 y lleva a España por segunda vez ante el TJUE por la vía del artículo 260 del TFUE, la que permite imponer multas directas a un Estado que desoye una sentencia previa.
  • ¿Quién está detrás? La Dirección General de Justicia y Consumidores, después de la denuncia de un despacho español y del portazo del Tribunal Supremo, en abril de 2024, a las indemnizaciones por el Modelo 720.
  • ¿Qué impacto tiene? Los afectados no cobrarán de forma automática: solo los tribunales españoles pueden condenar al Estado a devolver el dinero. El castigo en Luxemburgo golpea al erario, no al contribuyente.

Bruselas reactiva el Modelo 720 y vuelve a llevar a España ante el TJUE por la vía del artículo 260 del Tratado.

La Comisión Europea ha decidido retomar la vía sancionadora contra España por no indemnizar a los contribuyentes afectados por el régimen del Modelo 720 que el Tribunal de Justicia de la UE tumbó en 2022. La información, adelantada por Expansión, procede de la resolución que la Dirección General de Justicia y Consumidores ha remitido al denunciante. Bruselas no ha confirmado oficialmente el movimiento.

En la jerga comunitaria, esto significa abrir la segunda fase del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es el mecanismo que permite a Luxemburgo castigar con una suma a tanto alzado y, si el incumplimiento persiste, con una multa coercitiva diaria a un Estado miembro que no ha acatado una sentencia anterior. Bruselas lo reserva para los casos que considera estructurales, no para retrasos de transposición. Y España entra ahí por segunda vez en el mismo asunto.

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Qué persigue Bruselas y qué queda fuera del expediente

El expediente no es nuevo. INFR(2017)4004 arrastra quejas desde 2015, cuando la Comisión empezó a recibir avisos sobre el laberinto burocrático que diseñaron la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dos normas que blindaron al Estado frente a las reclamaciones económicas de los ciudadanos incluso cuando el legislador español aprobaba leyes contrarias al Derecho comunitario. Hubo dictamen motivado en 2018 y sentencia condenatoria en 2022. Después, silencio.

Conviene separar dos cosas que la opinión pública confunde. El Modelo 720 —la declaración de cuentas, inmuebles y valores en el extranjero— sigue vivo: la obligación de presentarlo no ha desaparecido. Lo que cayó fue su régimen sancionador, con multas de hasta el 150% del valor declarado y la conversión de rentas en ganancias patrimoniales no justificadas, sin plazo de prescripción a efectos de IRPF. Lo que Bruselas persigue ahora no es el formulario, sino el blindaje del Estado frente a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Es decir, el muro que impide pagar cuando la ley nacional ha violado la europea.

El portazo del Supremo de 2024 y una ley que sigue encallada en las Cortes

El 28 de junio de 2022, el TJUE dictó sentencia en el asunto C-278/20 y declaró contraria al Derecho de la Unión la escala sancionadora del 720 por desproporcionada. La lectura del Gobierno fue restrictiva: se anula el castigo, no la obligación de declarar ni el tratamiento fiscal de las rentas ya regularizadas. La de los afectados era otra. Y el Supremo la cerró en abril de 2024.

La sentencia del 17 de abril de 2024 estableció que quienes autoliquidaron el IRPF bajo la amenaza del 720 no tienen derecho a indemnización si no pidieron la rectificación de sus declaraciones dentro del plazo ordinario de cuatro años. El Alto Tribunal habló de falta de diligencia del contribuyente. Los perjudicados lo leen al revés: se les exigía impugnar a ciegas una norma antes de que la justicia europea la declarase nula. La trampa, dicen, era perfecta para los patrimonios modestos, los que confiaron en la presunción de legalidad de la ley española y no tenían asesoría fiscal permanente.

Comisión Europea España

Con ese calendario sobre la mesa, el abogado Alejandro del Campo Jiménez, socio de DMS Legal Intelligence, presentó en mayo de 2024 una denuncia formal ante la Comisión. Su tesis es la del principio de efectividad, el que prohíbe que una norma nacional haga ‘imposible o excesivamente difícil’ ejercer los derechos que reconoce la UE. Sobre esa misma doctrina se construyó el expediente que ahora se reactiva. La pelota, por tanto, vuelve al tejado de La Moncloa: el proyecto de ley para reformar las dos normas de 2015 sigue atascado en el Congreso y, sin él, el caso no se cierra.

España no está en el banquillo por cobrar el 720, sino por haber levantado un muro legal para no devolver nunca lo cobrado de más.

Hay un matiz que la Comisión subraya y que conviene leer dos veces. En la comunicación remitida al denunciante, la Dirección General de Justicia y Consumidores advierte de que un fallo condenatorio del TJUE no equivale a una orden de pago: ‘incluso si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase que un Estado miembro realmente ha infringido el Derecho de la Unión, la infracción no tendría un efecto directo en su caso concreto. La potestad indemnizatoria es de los tribunales nacionales, únicos competentes para anular un acto administrativo y condenar al Estado a pagar.

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Un detalle que vale millones.

La paradoja se sostiene sola: Bruselas puede castigar a España con dureza en Luxemburgo y, al mismo tiempo, los afectados seguir con la puerta cerrada en los juzgados de aquí. El expediente europeo corrige la conducta del Estado de cara al futuro; no repara el pasado de nadie.

El Eje del Poder Europeo

Aquí no hay pulso entre el eje franco-alemán y los frugales, ni veto de Visegrado. El choque es vertical: Comisión contra Estado miembro, con el Tribunal de Luxemburgo como árbitro y los tribunales españoles como compuerta final. Y es un choque que la Comisión plantea por doctrina, no por ideología. El principio de efectividad es la piedra angular del mercado único: si cada capital pudiera blindar a su Administración contra las reclamaciones derivadas de leyes ilegales, la primacía del Derecho comunitario quedaría en papel mojado. Berlín, La Haya o Roma pueden discrepar del ritmo, pero ninguno defiende públicamente la tesis contraria.

La lectura política en clave española tiene dos capas. La primera es fiscal: la reforma de la responsabilidad patrimonial del Estado no es una norma técnica de trámite, abre la puerta a miles de reclamaciones de contribuyentes que se consideran expoliados y el Ministerio de Hacienda lo sabe. La segunda es de imagen: España acumula un historial de condenas por no adaptar a tiempo el ordenamiento interno, y esta vez el asunto llega con nombre propio, el Modelo 720, un formulario que durante años simbolizó para el inversor extranjero el castigo ejemplarizante. El coste reputacional se paga en sede de confianza inversora, no solo en el erario.

El precedente útil es la propia sentencia de 2022. El TJUE ya avisó entonces de que la escala del 720 era un instrumento desproporcionado, y Bruselas ha esperado cuatro años a que España moviera ficha. Con ese historial, la suma a tanto alzado que eventualmente proponga la Comisión se calculará con el baremo habitual: gravedad de la infracción, duración del incumplimiento y capacidad de pago del Estado, ponderada por PIB y población. Ninguna cifra está cerrada. Quien afirme lo contrario, especula.

Queda una salida política y es la única rápida: aprobar en el Congreso la reforma de las leyes de 2015 antes de que Luxemburgo dicte sentencia. Si el proyecto se desatasca, el expediente decae y la multa coercitiva nunca llega a existir. Si sigue encallado, la próxima ventana crítica es la sentencia del Tribunal y, detrás, el cálculo de la sanción. Observamos un patrón conocido en Bruselas: el Ejecutivo comunitario mueve ficha cuando el coste político interno del Estado miembro ya es más alto que el coste de cumplir.