La huelga de profesores en Madrid suma un día más con asaltos a las cinco sedes de Educación

La Consejería ha denunciado ante el Tribunal de Instancia de Madrid por acoso, coacciones y desórdenes públicos, con el comité de huelga como inductor. El seguimiento del paro, que arrancó el 14 de octubre, ha caído del 40% al 6,4%.

La huelga de profesores en Madrid encadena una nueva jornada de incidentes en las cinco direcciones de área de la Consejería de Educación. El conflicto cumple ya más de cinco semanas sin calendario de negociación a la vista.

Según fuentes del Gobierno regional, varios grupos de activistas forzaron a primera hora de la mañana del jueves la entrada en las cinco instalaciones de las direcciones de área territorial (DAT) educativa. La intrusión derivó en una concentración no autorizada que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad para desalojar a los manifestantes.

El único incidente de gravedad se registró en la sede territorial de la capital. Un vigilante de seguridad resultó lesionado durante el forcejeo con los huelguistas y los agentes presentes tramitaron diligencias por lo ocurrido. La Consejería llevó el episodio, junto a los anteriores, al terreno judicial.

Publicidad

De las marquesinas al juzgado: qué denuncia la Comunidad

La Comunidad de Madrid presentó el miércoles una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra los autores de los actos y contra el comité de huelga, al que señala como inductor. El escrito recoge presuntos delitos de acoso, coacciones y desórdenes públicos. Fuentes del Ejecutivo autonómico insisten en que el paso por los tribunales busca proteger a la consejera, Mercedes Zarzalejo, y al personal de la Consejería.

Los dos episodios que precipitaron la denuncia ocurrieron esta misma semana. El lunes, durante unas jornadas de Prensa Ibérica sobre FP dual, varios huelguistas accedieron por la fuerza al recinto —levantando la reja, forzando las puertas correderas y empujando a los servicios de seguridad y a los trabajadores del centro—, hasta el punto de que la Unidad de Intervención Policial (UIP) advirtió de que no podía garantizar la seguridad. Zarzalejo suspendió su intervención. Al día siguiente, 35 marquesinas de autobuses de la capital amanecieron con carteles que señalaban a la consejera como delincuente.

La consejera califica el paro de ‘una huelga política, innecesaria, injusta e irresponsable’. El comité de huelga sostiene que la protesta es estrictamente laboral y que ha sido la respuesta del Ejecutivo autonómico la que ha escalado el conflicto hasta los juzgados.

Cuando un conflicto educativo termina con vigilantes lesionados y carteles en las marquesinas, el fondo del problema lleva semanas fuera de la foto.

Los números que la Consejería pone encima de la mesa

El seguimiento es el argumento fuerte del Gobierno regional. Según sus datos, un 60% de los docentes madrileños no ha secundado la huelga ni un solo día ni se ha sumado a paros parciales, y algo más de un 30% lo ha hecho entre uno y cuatro días. La lectura oficial es que nueve de cada diez profesores han quedado fuera del paro o lo han apoyado de forma puntual.

A eso se suma la curva de desgaste: el respaldo pasó de algo más del 40% el primer día al 6,4% del martes. El sindicato no acepta ese marco y recuerda que el cómputo se hace sobre el conjunto de la plantilla, no sobre quien está llamado a secundarlo. Dos relatos, un mismo día de clase.

La huelga arrancó el 14 de octubre y acumula 25 jornadas lectivas de paro indefinido. En ese tiempo ha habido concentraciones ante la Consejería, sabotajes a actos públicos y una denuncia que ya mezcla el conflicto laboral con el Código Penal.

Publicidad
huelga indefinida educación Madrid

El precedente de 2011 y por qué la vía judicial no cierra la herida

Madrid ya vio cómo un conflicto docente se enquistaba. La marea verde de 2011, nacida contra el aumento de horas lectivas y los recortes en la enseñanza pública, mantuvo a miles de profesores en la calle durante meses y dejó una huella que todavía pesa en la relación entre la Consejería y los claustros. La diferencia es el envoltorio: entonces el pulso se dirimía en los pasillos y en la Asamblea; hoy se dirime en los juzgados.

Esa vía tiene un límite evidente. Ninguna querella resuelve el motivo por el que un docente decide secundar un paro indefinido, y el desgaste que reflejan los datos de seguimiento corre en ambas direcciones: erosiona al comité de huelga y también al Gobierno regional, que afronta el final del año sin margen para sentarse a negociar sin que parezca una cesión ante la presión.

Conviene mirar lo que ha ocurrido en otras administraciones. Los conflictos educativos prolongados en España se han cerrado históricamente con acuerdos sobre carga lectiva, ratios, y estabilidad del profesorado, no con denuncias cruzadas. Y hasta la fecha no consta convocatoria de una nueva mesa sectorial en la Comunidad de Madrid.

Los grupos de la oposición tienen en la Asamblea de Madrid la vía para forzar comparecencias y para convertir la huelga en un asunto de control parlamentario. Ahí, el relato de los incidentes y el del seguimiento van a chocar de frente.

Quedan por delante las semanas de diciembre, con evaluaciones de trimestre y vacaciones de por medio, un periodo que históricamente enfría los conflictos largos. Nadie mueve ficha. Mientras tanto, las aulas siguen abiertas y las familias conviven con una pregunta incómoda: cuántas jornadas más aguantará el pulso antes de que alguien convoque una mesa.