Vox denuncia ante la Fiscalía del Supremo las revelaciones de Puigdemont y acusa a Sánchez de «traición»

El escrito lo firma la coordinadora jurídica Marta Castro y pide diligencias de investigación sobre lo pactado en la investidura de 2023. Entre los posibles delitos que enumera figuran cohecho, malversación, organización criminal y traición.

Vox denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo las revelaciones de Carles Puigdemont sobre la negociación de la investidura de 2023. El escrito, presentado este jueves, pide diligencias de investigación para determinar el alcance de lo pactado y si aquellos compromisos constituyeron delito.

La denuncia llega después de que Carles Puigdemont afirmara en una entrevista publicada por El Mundo que aprovechó la ‘ambición desmedida’ de Pedro Sánchez. Su objetivo declarado, según sus propias palabras, era ‘derrotar a España’. El expresidente de la Generalitat, prófugo de la Justicia desde 2017, describió así la negociación que cerró con el PSOE. Para Vox, no es una boutade: es la constatación de la ‘traición’ que el partido sostiene desde que se firmó el acuerdo con Junts.

Qué denuncia Vox y con qué argumentos

El escrito lo firma la coordinadora nacional jurídica, Marta Castro, y pide al Ministerio Fiscal que abra diligencias de investigación para fijar por escrito el contenido de las negociaciones de 2023. La denuncia sostiene que la competencia corresponde al Tribunal Supremo porque la responsabilidad penal del presidente del Gobierno se exige ante su Sala de lo Penal, en aplicación del régimen de aforamiento.

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El texto reproduce, con su minutaje, las manifestaciones de la entrevista en las que Puigdemont reconoce que se alcanzaron acuerdos ‘inasumibles para cualquier presidente del Gobierno‘ y sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero y a Santos Cerdán como los encargados de los compromisos adquiridos por cuenta del PSOE. Ese detalle es, a juicio del partido, la pieza que convierte una entrevista periodística en material susceptible de investigación.

A partir de ahí, el escrito enumera los posibles delitos que, según Vox, pudieron cometerse: cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, coacciones, obstrucción a la justicia, organización criminal y traición, tipos todos ellos recogidos en el Código Penal. La relación es amplia y el partido la asume con el argumento de que el propio relato del prófugo acota los hechos.

El escrito no persigue una condena inmediata: persigue fijar por escrito qué se pactó en 2023 y forzar al Ministerio Fiscal a pronunciarse sobre ello.

La denuncia pide además la toma de declaración de cuatro nombres: el propio Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Rodríguez Zapatero. Es el mapa completo de la interlocución que Vox atribuye a la negociación de 2023 y el punto donde el escrito deja de ser una queja política para convertirse en un expediente con destinatarios concretos.

Qué recorrido tiene el escrito ante la Fiscalía

Una denuncia no abre por sí sola una causa penal ni obliga al Supremo a imputar a nadie. La Fiscalía puede abrir diligencias, archivarlas o remitir el asunto al órgano competente, y el recorrido depende de que los indicios trasladados se consideren suficientes. Eso sí, el movimiento tiene un efecto inmediato: deja constancia formal y pública de las revelaciones.

En paralelo, Santiago Abascal ha fijado la posición del partido en X: ‘Cuatro años en manos de un prófugo que pretende derrotar a España y de un traidor dispuesto a concedérselo. Con el voto masivo de los españoles podemos mandar esta época al basurero de la historia’. El presidente de Vox ha sostenido, en la misma línea, que ‘no hace falta demasiada imaginación para afirmar que se ha arrodillado también ante Marruecos’.

La denuncia sitúa al PP ante la disyuntiva que Vox le viene planteando desde 2023: acompañar en el terreno judicial o quedarse en la crítica política. Los 33 diputados del GPVOX, tercera fuerza del Congreso, sostienen con este tipo de iniciativas su perfil de oposición frontal, un terreno en el que el grupo popular se mueve con más cautela.

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La estrategia de Vox: del relato al expediente

La secuencia importa. Vox no ha esperado a que un juez llame a su puerta: ha convertido una entrevista en un documento con minutajes, nombres y tipos penales. Es el método con el que el partido ha intentado llevar a los tribunales otros episodios de la legislatura, como la ley de amnistía, y responde a una lógica sencilla: si el relato de Puigdemont es cierto, el acuerdo de investidura deja de ser una disputa política y pasa a ser un problema jurídico.

Ahí está la contradicción que Vox subraya. El Gobierno sostiene que no hubo cesiones ilegales, mientras el dirigente al que sostuvo en la investidura describe ahora la operación como un modo de ‘derrotar a España’. Entre esas dos versiones, el partido reclama un tercer escenario: el de la Fiscalía. Vox confía en que el desgaste no recaiga sobre quien formula la denuncia, sino sobre quien debe explicar qué firmó. La próxima decisión relevante no está en el Congreso, sino en la respuesta del Ministerio Fiscal a un escrito que ya tiene fecha, firmante y ocho tipos penales sobre la mesa.

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