La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha afeado a la fiscal general del Estado que no haya convocado el concurso de las plazas de dos miembros natos del Consejo Fiscal, uno de ellos el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas, cuyos cargos ya han vencido. Navajas ha sido designado para dirigir el equipo que elabora los informes sobre las más de 60 querellas y denuncias que se han presentado contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.
En una nota remitida este jueves, APIF recuerda que la renovación de estos nombramientos se regula en el artícculo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), por lo que «no queda legalmente al arbitrio del Fiscal General mantener libremente en sus cargos a los fiscales cuyo cargo ha vencido, salvo convocando el correspondiente concurso y nombrando de nuevo a las personas por otro periodo».
Así, reprochan que «los dos puestos más importantes en la Fiscalía», en referencia a Navajas y al también miembro nato del Consejo Fiscal Fausto Cartagena, están desempeñados por fiscales «cuyos mandatos vencieron hace bastante tiempo, y siguen en funciones sin sacar la Fiscal General las plazas a concurso, asumiendo importantes tareas, incluyendo delegaciones de la Fiscal General y abriendo expedientes disciplinarios».
«Esos fiscales creemos que por su prestigio y trayectoria merecerían seguir en sus puestos, pero solo bajo el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías, no por actuaciones de favor de la Fiscal General»
La cuestión es de «extraordinaria importancia», según APIF, no solo en relación a la influencia que dichas personas tienen en el ejercicio profesional «con importantísimas responsabilidades, sino también porque son miembros natos en el Consejo Fiscal y lo son en razón a la autoridad que los cargos para los que fueron nombrados suponen en la Fiscalía, de manera que influyen en los nombramientos para los cargos discrecionales en la Carrera que deben ser decididos oído» el citado órgano consultivo.
Hemos visto en el pasado como fiscales generales continuaban en funciones tras cesar el Gobierno que les nombró (sin previsión estatutaria), y ahora vemos como con los más altos cargos de la Fiscalía sucede lo mismo», añade la APIF, que reclama a Delgado que «respete los tiempos establecidos en la ley y saque las plazas de manera inmediata.
