Lo avanzábamos ayer, aun cuando para muchos era algo impensable. Este año, el Gobierno, que es en último término quien ‘recomienda’ a Zarzuela la agenda, ha decidido que el Rey Felipe VI no acuda a la entrega de despachos a los jueces. El acto está organizado por el Consejo General del Poder Judicial. Es la primera vez desde la institución del acto que un Rey no asiste a este acto simbólico en el que se les da la tarea de impartir justicia. Para más inri, la invitación que había enviado el CGPJ sí incluía la asistencia regia. Los jueces están enrabietados y muy molestos con el Gobierno. ¿Les está utilizando políticamente? ¿Qué motivo hay para que no acuda el máximo representante del Estado a un acto de uno de los tres poderes?
La Agenda política del Rey constitucional, según nuestra Carta Magna, tiene muy pocos actos a lo largo del año político: la pascua militar, la apertura de la legislatura en las Cortes, las dos celebraciones nacionales anuales (Constitución y Día de la Hispanidad), y la entrega de los despachos a los jueces. ¿Por qué se ha decidido la no asistencia de Felipe VI? ¿Es otro episodio más de desencuentros entre Gobierno y los jueces?
LA DECISIÓN QUE HA UNIDO EN EL MALESTAR A LOS JUECES DE TODAS LAS CORRIENTES Y SENSIBILIDADES
En los últimos 20 años, siempre ha sido el Rey de España quien ha presidido el acto que marca el inicio del año judicial, con la entrega, también en manos del rey, de los despacho a los jueces. Es parte del ritual entre dos poderes del Estado, y, como explican desde la judicatura, un reconocimiento del máximo poder (aunque sin poder fáctico) a otro de los poderes.
Este año, se rompe el protocolo. Zarzuela no explica el motivo, el Ministerio de Justicia está desaparecido, Calvo le resta importancia, y el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de los jueces, apunta a que inicialmente el Rey se había comprometido a asistir (las notas internas que publica la SER así lo confirman) y que solo el martes se recibió la carta de Zarzuela excusando la asistencia del monarca.
Es difícil aunar a todas las corrientes y sensibilidades dentro de la carrera judicial. Pero el Gobierno, si, como viene siendo habitual, ha sido el que ha ‘impulsado’ la marcha atrás de Casa Real, puede decir que lo ha conseguido: todas las asociaciones de jueces piden explicaciones de por qué ahora se esgrime la seguridad como un elemento importante a considerar, como apuntan algunas fuentes.
LAS ASOCIACIONES DE JUECES DAN LAS CLAVES DE LA DECISIÓN
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las mayoritarias y con sensibilidades conservadoras, califica de «muy preocupante» en un Estado de Derecho la «incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad del jefe del Estado». Se apuntan así a una de las corrientes que han circulado desde que saltara la noticia.
«Si hay un acto institucional al que debe asistir el Rey es a la entrega de despachos. Si bien es cierto que la ley no obliga a su asistencia, la tradición de más de 20 años presidiendo este acto nos lleva a entender que la decisión adoptada de no contar con él no se corresponde con la alta dignidad de la función de juzgar», señalan desde Francisco de Vitoria, también en la órbita conservadora.
Desde Jueces para la Democracia, la asociación de índole progresista, exigen al Gobierno explicaciones y transparencia de por qué se ha recomendado a Casa Real la no asistencia al acto, o al menos no se ha refrendado la agenda, como viene marcado por la Constitución. La Constitución, en su título II, señala que «los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes».
Foro Judicial Independiente (FJI), también de sensibilidad progresista, insiste que sería muy grave que la situación política en Cataluña afecte «a la estructura de Estado».
EL GOBIERNO QUITA IMPORTANCIA A LA AUSENCIA
El Gobierno, por el contrario, no se ha dignado a dar explicaciones, y mucho menos a ser transparente. Carmen Calvo, la única que ha hablado del asunto que ha enervado a los jueces, juega a no confirmar ni desmentir el papel del Gobierno en la toma de esta decisión por Zarzuela, aunque se le ha escapado una aprobación: «es una buena decisión».
¿Entra en la matriz ‘aprobatoria’ del Gobierno la situación política en Cataluña? Recordemos que Torra está al borde de la inhabilitación y que el Gobierno necesita a ERC y JxCat para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Y todo ello con la sombra de las elecciones en Cataluña.
LLUEVE SOBRE MOJADO
El malestar de los jueces para con el Gobierno no es nuevo. Comenzó con la designación de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, como Fiscal General del Estado. Los ataques que han recibido por Pablo Iglesias a propósito de su independencia o dependencia en los casos en los que es investigado, tampoco han ayudado a limar asperezas.
La última ha sido la ‘largada’ en Onda Cero con Carlos Alsina del juez Navajas, que ha explicado cómo se producen las ‘presiones’ dentro de los órganos judiciales de mayor rango, y cómo la propia Fiscal General del Estado se ha apartado de cualquier responsabilidad y toma de acción en las causas contra el Gobierno por estar ‘contaminada’ políticamente.
