La posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez aborde una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para lograr que se produzca una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese al bloqueo del PP, ha sido recibida por las distintas asociaciones de jueces con disparidad de opiniones, unos ven necesaria pero difícil la reforma, otros la tachan de «abiertamente inconstitucional» y otros apuestan por esa modificación pero en el sentido de quitar poder de decisión a las Cortes sobre el órgano de gobierno de los jueces.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha señalado que si bien desconocen por el momento esa posible propuesta de reforma de la ley por el Ejecutivo, si ésta supone una reducción en las mayorías necesarias para la elección de vocales, «sería abiertamente inconstitucional».
Apunta que iría «contra el espíritu constitucional» y que sería «incongruente» que para elegir a 8 de los 20 vocales –los juristas– hiciera falta el apoyo de tres quintos de la Cámara, mientras que para la elección de los 12 restantes, los jueces, bastara con una mayoría absoluta (la mitad más uno).
A esto, ha sumado que desde años, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) dependiente del Consejo de Europa insiste en que se cambie el modelo de elección de los vocales en España. «Y no solo no se cambia sino que se profundiza en el intento de politización», ha lamentado.
«ES NECESARIO EL ACUERDO»
La portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha señalado que es necesaria esa reforma de la legislación vigente para modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ.
Al hilo, ha abogado por que las distintas formaciones políticas, y en especial las dos mayoritarias, lleguen a un acuerdo para evitar el fracaso en esa renovación. Y ha incidido en que desde su asociación ven necesaria la reforma de la ley para «evitar bloqueos» por parte de determinados grupos políticos, máxime cuando la Constitución «obliga a renovar en plazo».
Por su parte, desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha coincidido con Martín en que es necesaria esa reforma, pero ha advertido que debe hacerse para que se «reduzca la intervención de los políticos» a la hora de nombrar vocales del órgano de gobierno de los jueces.
«Lo que quiere el Gobierno es lo contrario, facilitar más la intervención de los políticos», ha explicado, para luego añadir que buscan no necesitar una mayoría cualificada en el Congreso. En este sentido, ha añadido que la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder de la oposición, Pablo Casado, y del líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le recuerda mucho «a la de tres chiquillos que se pelean por un trozo del pastel».
«Se pelean por un trozo del pastel, por ver quien coge su parte, a quien le toca el trozo más grande, pero en realidad el pastel no es suyo, es de los ciudadanos, y se lo están comiendo ellos», ha indicado, para acabar apuntando que se debe cambiar la ley pero «al contrario de lo que se plantea».
«UN INTENTO DE POLITIZAR MÁS EL CGPJ»
Asimismo, en un comunicado la AJFV afirma que «la peor forma de desbloquear la grave anomalía en la que se encuentra el CGPJ es politizarlo más todavía de lo que ya está». «No haría más que agravar uno de los principales problemas que arrastra la Justicia en nuestro país desde hace décadas por culpa de PSOE y PP, que son los auténticos responsables de que se haya llegado a esta situación», añaden.
De hecho, recuerdan que las asociaciones de jueces llevan años exigiendo que se cambie la LOPJ para que los 12 vocales de procedencia judicial sean elegidos por un sistema en el que puedan votar y ser votados todos los jueces del país, de manera que «no se negocien y se repartan» por los dos grandes partidos, como «ha venido ocurriendo desde que hace 35 años se cambió esta ley para que, en la práctica, todos los vocales del CGPJ dependan de un acuerdo entre PSOE y PP».
Por su parte, la portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, ha señalado que se encuentra «estupefacta» ante esa posibilidad de que el Ejecutivo reforme la ley y lamenta que se intente por no haber conseguido una mayoría «para el control político del poder judicial».
«SEPARAR LOS PODERES PARA UNA VERDADERA DEMOCRACIA»
El FJI apuesta porque no se dé ese control político de la renovación porque afecta al Estado de Derecho. Y recuerda que si se debe renovar con tres quintos de la cámara, debe seguir siendo así: «No procede el reparto proporcional entre las distintas fuerzas, hay que separar los poderes para que haya una verdadera democracia».
Según esa LOPJ, el Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años –leva en funciones desde 2018–, contados desde la fecha de su constitución. Y los residentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo.
El artículo 567 de dicha ley orgánica, reza que los veinte vocales del CGPJ serán designados por las Cortes Generales. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.
