En su día el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, declaró que el Gobierno había solicitado al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aplazar el acto para que así pudiese contar con la presencia del Rey Felipe VI pero, según ha podido saber Moncloa.com, estas declaraciones no son ciertas. Además, desde el Consejo General del Poder Judicial han confirmado que nunca recibieron una petición solicitando un cambio de fecha. Solo una cosa parece clara en esta historia: Pedro Sánchez ha vuelto a mentir.
El pasado viernes, 25 de septiembre, tuvo lugar en Barcelona la entrega de despachos a los 62 nuevos jueces de LXIX promoción de la Judicatura. La polémica enturbió el acto por el veto del Gobierno al rey Felipe VI, al que le prohibió asistir alegando “motivos de seguridad”. Una excusa que fue muy criticada en todos los ámbitos y que, además, no se sostiene si se tiene en cuenta que acudieron al evento otras personalidades como la Fiscal General del Estado, el ministro de Justicia o el propio presidente del Supremo.
Todo esto se produce en un contexto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca aprobar los Presupuestos Generales del Estado con los independentistas y una semana antes de que se tramitaran los indultos a los líderes presos del procés. Dos motivos por los que el Gobierno consideró que era mejor que Felipe VI no acudiese a la ciudad condal. Tal y como reconoció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien admitió que el Rey no acudió a la entrega de despachos en Barcelona por la cercanía del 1-O y por la inminente sentencia sobre la inhabilitación del, ya ex presidente catalán, Quim Torra.
Pero, al parecer, Pedro Sánchez sí pudo garantizar la seguridad de otras figuras relevantes que acudieron a la ceremonia, como la del presidente Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la de la Fiscal General del Estado, la exministra Dolores Delgado; o la del ministro de Justicia Juan Carlos Campo pero no la del jefe del Estado.
Sin embargo, la realidad queda muy lejos del asunto de la seguridad del monarca y esta no es otra que la intención de Sánchez de asegurar la legislatura. Y si tiene que romper una tradición con tal de aprobar unos presupuestos, la rompe, tal y como se ha visto. Y si para aprobar esos presupuestos necesita la ayuda de los independentistas, no ha tenido problema en vetar al Rey de un acto en el que parece que no es bienvenido por ERC, aunque poco tenga que ver con los jueces.
Por primera vez, un Gobierno ha apartado al Rey de un acto en la que su figura siempre ha estado presente. Esta decisión fue interpretada por los partidos de la oposición como otro claro guiño del líder socialista hacia los independentistas y a ERC, cuyos miembros consideran que el Rey es una persona non grata en Barcelona.
Esta polémica se suma a la quita de cuadros y otros símbolos relacionados con la Casa Real o con el Estado por parte de los gobiernos municipales o autonómicos liderados por partidos nacionalistas. ERC o Junts per Catalunya siempre se han mostrado sensibles con este asunto y no han dudado en expresarle a Sánchez que sería incómodo para ellos que el Rey presidiera ese acto de entrega de despachos a jueces. Y Sánchez parece estar dispuesto a hacerles caso siempre que estén las cuentas del país encima de la mesa.
