El Grupo Ciudadanos ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la insta al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para garantizar la neutralidad institucional de las universidades y sus órganos de gobierno.
La formación naranja ha registrado la moción, tras una interpelación urgente al ministro de Universidades, Manuel Castells, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad institucional de las universidades en Cataluña.
Manuel Castells defendió entonces que las universidades «no deben ni pueden expresar un apoyo explícito a partidos políticos de ningún gobierno». «Esa es la neutralidad política, no otra. No es la indiferencia ante lo que pasa en el mundo o ante Derechos Humanos percibidos como abusados, percibidos, no digo que sean. Eso sería reducir la universidad a una especie de burocracia expedidora de títulos y eso no va a ser bajo mi Ministerio», zanjó en la Cámara Baja.
En la exposición de motivos, la diputada de Ciudadanos Marta Martín indica que el pasado 5 de octubre se hacía pública una sentencia contra la Universidad de Barcelona «por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y su alumnado, y el derecho a la educación».
La institución educativa fue demandada por un colectivo de estudiantes después de la aprobación, por parte del claustro de la citada Universidad, del ‘Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política’, durante el mes de octubre de 2019.
En este escenario, la iniciativa de Ciudadanos insta al Ejecutivo a acordar, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria, «las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato del principio de neutralidad institucional en las actuaciones y pronunciamientos de las universidades, en virtud de lo dispuesto en la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar los derechos fundamentales del alumnado y el profesorado».
Finalmente, le urge a desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades, una nueva normativa reguladora de la convivencia académica en el ámbito universitario adaptada al marco constitucional español que «garantice el derecho a la libertad de reunión, manifestación y a la libre expresión del alumnado en las universidades independientemente de su ideología».
