La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) pide a los partidos políticos un esfuerzo en el debate de la Comisión de Educación del Congreso sobre el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) –más conocida como ‘ley Celaá’-– y no desaprovechar la oportunidad de modernizar el sistema educativo español, adaptar el currículum escolar a las competencias que demanda la sociedad y el mundo laboral.
Asimismo, considera imprescindible abordar la digitalización de la educación y acordar mecanismos de control de los fondos públicos destinados a los centros concertados para que cumpla el espíritu fundacional por el que fueron creados.
«Estamos ante un debate prioritario para nuestra sociedad y para la modernización del sistema educativo español», explica Elena Cid, directora general de CICAE. Cid manifiesta que «en los últimos años se ha centrado el currículum en la memorización de contenidos», por lo que es el momento de realizar una «revisión profunda» para ajustarlo al desarrollo de competencias y habilidades del alumno, como también es necesario dotar de más autonomía de gestión a los centros educativos para adaptarse a los cambios, con una mayor flexibilidad para implementar metodologías, experiencias innovadoras o hacer mayor hincapié en materias STEAM.
La directiva incide en que «la pandemia ha dejado claro que no se ha dado suficiente importancia a la formación continua del profesorado», pues «existía una desactualización que, sumado a la falta de medios en muchos casos, ha ocasionado una evidente brecha digital».
En este sentido, CICAE considera «imprescindible» apostar por la digitalización de la educación, como también lo es avanzar en un plan formativo continuo para la carrera profesional docente, «como ya implementan países como Singapur con gran éxito».
Igualmente, CICAE asegura que «la Ley no será efectiva si no aborda la necesaria transparencia en la financiación y el control exhaustivo de los fondos públicos destinados a los conciertos educativos, se ha de recuperar su espíritu fundacional, evitar la entrada de empresas mercantiles y exigir que sean obligatoriamente entidades sin ánimo de lucro con fines educativos y no empresas que buscan rentabilidad a través de una doble vía de financiación con copagos irregulares y elevados a las familias».
En cualquier caso, la asociación considera que hubiera sido positivo que la comunidad educativa hubiera participado en el debate educativo. Dada la negativa, la asociación se ha reunido con los diferentes grupos parlamentarios para trasladar sus iniciativas y propuestas de mejora de la educación en España.
