La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un escrito ante el juez de Madrid que investiga a Podemos por presunta financiación irregular en el que solicita que desestime el archivo de la causa, que solicitó la formación política, al entender que mantenerle como imputado «resulta más garantista» aunque considere que aún no existen indicios de ese delito.
Así responde al recurso de apelación que interpuso la formación ‘morada’ hace más de dos meses en contra la apertura de la causa por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para investigar las presuntas irregularidades en el contrato con Neurona Consulting para la campaña electoral de 2019.
En su escrito, el Ministerio Público se remite a la resolución del titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para explicar su postura y señala que centrándose «exclusivamente» en el contrato suscrito por la formación política con la empresa Neurona «existen indicios de que el objeto del mismo era la propia financiación del partido desde la cuenta electoral».
POSIBILIDAD DE CONOCER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Ahora bien, en opinión de la Fiscalía, y pese a que de las diligencias practicadas hasta la fecha no existen «indicios» sobre la presunta financiación irregular de Podemos, entiende que se debe atribuir al partido la condición de investigado porque «resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias».
Si la formación política no tuviera esa condición, «mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento», explica el escrito. Es más, incide en que la tipificación inicial «no es absurda o arbitraria y la atribución de tal condición no hace sino garantizar el derecho del ahora apelante».
Esta investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por un exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que apunta diferentes irregularidades que pasan por la facturación de servicios en las campañas, las obras en la sede o la existencia de salarios por encima de lo estipulado en las normas éticas del partido.
La Fiscalía de Madrid, sin embargo, ya apuntó a principios del mes de septiembre en un informe que el juez únicamente debía seguir adelante con su investigación en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting. Otras irregularidades apuntadas por Calvente fueron tachadas por el Ministerio Público de meras conjeturas carentes de indicios.
DELITOS NO IMPUTABLES A PERSONAS JURÍDICAS
La Fiscalía insiste en su escrito en que los «únicos» hechos en los que aprecia «indicios racionales» de delito son los referidos a la contratación de Neurona y que, atendiendo al informe del fiscal del Tribunal de Cuentas, que obra en causa, son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral.
En este sentido aclara que «ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometido por persona jurídica, más aun, en el supuesto del delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales».
Podemos presentó el pasado 14 de octubre un escrito ante el juez instructor denunciando que éste no había tramitado aún ante la Audiencia Provincial este recurso de apelación que presentó el pasado 6 de agosto y en el que solicitó la nulidad de la causa en la que el partido está imputado como persona jurídica, además de varios dirigentes. Dicho escrito argumenta que las pruebas que dice haber aportado Calvente son meras «sospechas», no tienen «relevancia penal» y además fueron obtenidas de forma «ilícita».
