La Guardia Civil apuntó en un informe entregado el pasado 22 de octubre al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que dirige la investigación por la denominada ‘operación Voloh’, que la Plataforma ProSeleccions Catalanes habría recibido del Govern dinero público de forma arbitraria que acabó siendo empleado en campañas dirigidas a promocionar el referéndum ilegal del 1-O.
De hecho en 2017 y coincidiendo con la aprobación de las leyes de desconexión, este organismo aumento exponencialmente las subvenciones recibidas, que pasaron de los 295.000 euros habituales a algo más de 1,3 millones.
Así se señala en los documentos policiales que obran en el sumario del caso, y que permitieron al instructor concluir en sus autos que la subvención que recibió la plataforma en dicho año se empleó en las campañas ‘El deporte por el sí’ y ‘Ganaremos’, enfocadas a promocionar el 1-O y el independentismo.
En otro de los informes, la Guardia Civil concluye que la concesión de fondos públicos a Plataforma para promover las selecciones catalanas y el movimiento popular en favor de la internacionalización del deporte catalán, se habría llevado a cabo «de forma recurrente año tras año, por medio de acuerdos marco con la Secretaría General del Deporte a lo largo de 7 años (desde 2015), en los que se reservaría una provisión económica para los proyectos y actividades que plantee Plataforma.
Otra de las irregularidades habría pasado, según el análisis policial, por excluir determinados contratos de la concurrencia pública que exige la ley.
INTENTO DE UTILIZACIÓN CORRETJA Y DEFFER
De hecho, este informe añade que «se podría llegar a la conclusión que la estrategia perseguía llevar a cabo una campaña que empleara como pantalla el deporte catalán para promocionar la independencia de Cataluña y el apoyo a partidos políticos que compartieran dicha finalidad, como solución a los problemas de Cataluña».
Incluso se podría entender que la campaña estaba viciada desde un principio, tal y como se refleja en los recortes de prensa aportados, en los que figuras del deporte como Alex Corretja, Raúl Tamudo o Gervasio Deferr manifestaron que apoyaron la campaña «Guanyarem» (Ganaremos) en concordancia con el apoyo al deporte, pero no con un fin político y de corte nacionalista, como se evidenció en la campaña posteriormente, y por lo que manifestaron sentirse utilizados».
Las diligencias policiales tuvieron su origen en una denuncia que relataba irregularidades en diversos expedientes tramitados desde la Diputación Provincial de Barcelona (DIBA) por la concesión de subvenciones públicas, a diversas instituciones y fundaciones.
En el desarrollo de esa investigación y en base al análisis de la diversa e ingente cantidad de documentación analizada, se tuvo conocimiento de la relación del Secretario General d’Esport (SGE) de la Generalitat y Presidente del Consell Catala (CCE) de l’Eport, Gerard Figueras, con Víctor Terradellas, presidente de la fundación CATMON y de la Asociación IGMAN, precisamente para la concesión de subvenciones y otras aportaciones con fondos públicos de forma también irregular a esas entidades
La investigación ha permitido conocer, según la Guardia Civil, que las conversaciones privadas grabadas por Terradellas con el también empresario David Madí, de un lado; y con el exconsejero de ERC Xabier Vendrell de otro, no eran meras especulaciones sobre planes de financiar el independentismo por esta vía, ya que muchas de sus manifestaciones se han visto constatadas al analizar las cuentas de la Plataforma.
CASI UN MILLÓN PARA UN FORO EN GINEBRA
La investigación policial hace especial referencia a la «dudosa» transparencia de los pagos realizados con fondos públicos a proveedores relacionados con Fòrum Crans Montana (CMF), que fue celebrado en 2019 en Ginebra, y del que tanto la investigación policial como más tarde el juez en sus conclusiones destacan que situaba al ex president Carles Puigdemont como exiliado y denunciaba la existencia de presos políticos», lo que demostraría su coincidencia con intereses independentistas.
Este foro originó un gasto de 828.093,53 euros y entre los proveedores se señala al exconseller Vendrell y al ingeniero Jaume Cabaní, de quien se dice que a través de sus facturas se han conocido sus relaciones con CATGblobal, una asociación que recauda fondos para apoyar al expresidente Carles Puigdemont durante su huida de la justicia. Ello podría suponer un delito de blanqueo de capitales.
CORREOS DEL DELEGADO EN CROACIA
Entre los indicios para llegar a esta conclusión, la Guardia Civil cita correos de Eric Hauck, delegado de la Generalitat en Croacia, en el que éste señala que la factura de Crans Montana responde a «un encargo político» y añade que esperaban que el interventor «entendiera» dicho encargo y la naturaleza del proveedor. «A nivel de gestión no podemos aportar ninguna justificación más», añadía.
En otro correo, fechado en junio de 2017, el que fuera subdirector general de Gestión de la Secretaría General del Deporte, Lluís Pallisera también refleja que dicha subvención a la plataforma del año 2017 obedeció a una cuestión política, según detalla el informe.
Otra de las pruebas es un archivo incautado en esta operación y denominado «notes President Mas», de noviembre de 2016, donde Figueras comenta al expresident que no dispondrán de presupuestos del Departament (Exteriors) para organizar el Forúm en Barcelona. Ello viene a reforzar el enorme interés que se tenía en realizar ese Fórum, ya previsto en otoño del 2016 y que finalmente lo realizaron a través de la Plataforma, añade el informe.
Así, concluyen que el fórum Crans Montana habría podido actuar «a modo e lobista», ya que situaba a Puigdemont como exiliado y denunciaba la existencia de presos políticos, lo que demuestra que ese CMF se encuentra alineado con los intereses independentistas.
Los archivo analizados, según los investigadores, contemplaban el diseño de las estructuras de Estado en el ámbito deportivo, entre las que se encontraría la Plataforma y que ello sirviese para conseguir unos objetivos partidistas, «para potenciar en definitiva a Cataluña como país, con el uso de recursos públicos».
Con respecto al Comité Olímpico Catalán COC, en la que la Plataforma y su presidente Vinyals desarrollan un destacado papel, «infringe, en la pretensión de constituirse en un Comité Olímpico Catalán, el artículo 49 de la Ley del Deporte y contraviene la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 503/2005 de 28 de noviembre de 2005, en virtud de la demanda del Comité Olímpico Español contra el COC por Competencia desleal», concluyen.
Otro de los destinatarios de los pagos de Plataforma para justificar la actividad subvencionada en el año 2017 fue Jaume Cabaní, quien presentó una factura por importe de 10.559 euros de «dudosa credibilidad», según los investigadores. Sería la persona responsable de realizar los movimientos económicos recibidos de las arcas públicas y privadas para financiar la actividad de Puigdemont, puesto que dirección indicada en los movimientos bancarios de Cabaní es la residencia del expresident huido en Waterloo.
