Tras la comparecencia celebrada el pasado 30 de septiembre por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, por la tramitación por el procedimiento del tribunal del jurado de la investigación de los pagos en clubes de alterne de Andalucía con tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), dicha instancia judicial ha desestimado las peticiones de sobreseimiento de los dos investigados; el exdirector Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls; y ha ordenado continuar la causa al ver «suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones».
En un auto emitido este pasado jueves, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez de refuerzo de dicha instancia judicial, José Ignacio Vilaplana, resuelve así la mencionada comparecencia celebrada el pasado 30 de septiembre.
En este nuevo auto, el juez insiste en que Fernando José Villén Rueda, «prevaliéndose de su cargo como director» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo una disposición ilícita y continuada de los fondos de la entidad pública, desviándolos de su finalidad (…) para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía contra las cuentas de la referida fundación».
Según el mencionado auto, Fernando José Villén «habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe». Además, y según este auto, en connivencia con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, también investigada en la causa, ideó «un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados», con lo que «en los libros diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad».
«Al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los investigados utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas pero en realidad inexistentes reposiciones en metálico de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tal en la contabilidad», resume el auto.
Igualmente, el auto reitera que hay «contabilizadas diez operativas de gasto en diferentes locales mediante la utilización por Fernando Villén de dos tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución, por un importe total de 17.049 euros».
Del mismo modo, el juez de refuerzo insiste en «que no consta la devolución contable» de un cargo realizado el 8 de noviembre de 2005 en uno de los establecimientos por importe de 780 euros, «de modo que este gasto habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe».
LOS ARQUEOS
Detallando cada uno de los pagos y cargos y las operaciones asociadas a los mismos, el juez determina que «estas irregularidades deben conectarse también con la inobservancia detectada respecto los mecanismos de control contable de la Faffe, de modo que, por ejemplo, se habrían realizado muy pocos arqueos de las cajas -Caja Central, principalmente-, cuando al menos tendría que verse realizado uno mensual.
«La falta de arqueos habría impedido el efectivo control del saldo de las cajas, dificultando así la comprobación de las reposiciones de efectivo y la acreditación de los ingresos o gastos realizados; lo que, su vez, posibilita la alteración del correspondiente saldo sin ningún tipo de justificación», indica el juez.
Dado el caso, el juez insiste en atribuir a Villén Rueda una supuesta «disposición ilícita» de los fondos públicos, considerando que Ana Valls, como directora financiera de la Faffe, «habría podido realizar u omitir actos tendentes a cooperar o a encubrir» tales hechos.
Así las cosas, el juez José Ignacio Vilaplana señala que «debe descartarse sobreseimiento de las actuaciones solicitado por las defensas» de ambos investigados, «procediendo la continuación de las mismas con la práctica de las diligencias correspondientes».
Con relación a las diligencias a practicar, recordemos que el PP andaluz había solicitado que testificase el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, condenado a siete años, once meses y un día de cárcel por un delito continuado de malversación y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, por la causa correspondiente al denominado como procedimiento específico mediante el cual eran financiados con fondos autonómicos los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y arbitrarias a empresas.
LA POSIBLE «DESPEDIDA» DEL CONSEJERO
En concreto, la representación del PP señalaba los pagos realizados con tarjetas de la Faffe los días 22 y 23 de marzo de 2010 en un prostíbulo de Sevilla, al coincidir con la fecha del cese de Antonio Fernández como responsable de la Consejería de Empleo, a la que estaba adscrita la Faffe, considerando que tales gastos podrían estar encuadrados en una «despedida» de Fernández y las personas de su confianza. Por ello, los populares pedían aclarar si el exconsejero compartió o no aquella noche con Fernando José Villén.
Frente a ello, el juez ve «improcedente» dicha diligencia, exponiendo que «el hecho de que Fernández cesara en su cargo el día 22 de marzo de 2010, fecha en la que Villén habría realizado disposiciones de 14.737 euros) en el establecimiento de alterne J.R. Don Angelo con cargo a su tarjeta de la Faffe, no permite deducir que el exconsejero de Empleo acompañase a Villén en el momento de realizar aquellas disposiciones». «Por más que se afirme como ‘previsible y verosímil’, esa circunstancia no deja de constituir una mera conjetura carente de evidencias en que sustentarse», indica el juez.
«Es más, aun cuando hubiese constancia de que el exconsejero u otra persona acompañasen» al investigado aquel día, «su declaración resultaría innecesaria, teniendo en cuenta que el investigado ha reconocido la realidad de los cargos y disposiciones realizadas con las tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y lo irregular de dicho proceder», abunda el juez.
Así las cosas, el juez desestima la petición de dicha diligencia y ordena otras, como la comparecencia testifical del auditor de cuentas Jesús B.L. el 16 de diciembre o que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realice diversas gestiones para el «total esclarecimiento» de los hechos investigados».
