La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) celebrará este lunes el primer debate que marcará el inicio formal del procedimiento para responder a los suplicatorios cursados por el Tribunal Supremo (TS) para levantar la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres eurodiputados de JxCat.
El debate servirá para iniciar un procedimiento que se activó en enero, pero que las restricciones por el coronavirus obligaron a aparcar, y que se ha podido relanzar tras contar con el aval de los servicios legales para celebrar las sesiones por vía telemática.
En los tres expedientes, el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y, en esta ocasión, la responsabilidad recaerá sobre un diputado que comparte grupo con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA.
Precisamente, fuentes jurídicas del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber un ponente «para cada expediente de inmunidad», así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es «perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución».
La base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí consistirá en argumentar que hay «persecución política» –fumus persecutionis– y que, como consecuencia, se quiere impedir que ejerzan de eurodiputados.
También pondrán sobre la mesa que el Tribunal Supremo (TS) «no es un órgano competente» en todo ello, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto.
PROCESO QUE LLEVARÁ MESES
El lunes, Dzhambazki presentará los casos y habrá un intercambio de opiniones antes de que se fije el calendario para las siguientes cuatro fases del proceso que, en cualquier caso, se contempla que puede alargarse más allá de febrero.
Un mes después de la presentación del caso, se celebrará la vista en la que los tres eurodiputados podrán explicarse, y posteriormente se deberá presentar un borrador de la ponencia para ser debatido, cuyo redactado final será sometido a votación por parte de los 25 miembros del comité, 5 de los cuales son españoles –el presidente es de Cs, 2 eurodiputados del PP y 2 del PSOE–, más tres suplentes –Vox, PP y Cs–.
Fuentes de Junts-Lliures per Europa aseguran que el JURI es la comisión con un porcentaje mayor de eurodiputados españoles, especialmente de PP, PSOE, Cs y Vox, una cuestión que quieren evidenciar porque son partidos que han manifestado abiertamente que quieren la «extradición de los eurodiputados, y esto tiene implicaciones en la imparcialidad del procedimiento».
Una vez superados estos pasos, llegará al pleno del Parlamento Europeo, donde se votará, y fuentes del equipo jurídico recalcan que, pase lo que pase con el suplicatorio, Puigdemont, Comín y Ponsatí «seguirán siendo eurodiputados» pese a perder la inmunidad.
El Parlamento europeo recibió en la pasada legislatura 55 suplicatorios de autoridades judiciales de los Estados miembro solicitando que se levantara la inmunidad de alguno de sus eurodiputados, y sólo rechazó suspender esta protección en cinco de los casos.
