El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) prevé discutir desde este martes diferentes aspectos de la denominada ‘Ley Mordaza’ que fue recurrida en su día por el PSOE y otros partidos, entre ellas la relativa a las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes.
Esta práctica podría pasar el examen del tribunal de garantías si prospera, como parece probable, la ponencia sobre este asunto redactada por el presidente del órgano, Juan José González Rivas. Así lo han señalado fuentes de este órgano, que apuntan al cambio de criterio sobre este asunto que tiene su origen en dos diferentes circunstancias.
La principal la resolución dada a conocer el pasado mes de febrero por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que 17 magistrados de este órgano dieron la vuelta a la sentencia emitida por la propia Corte de Estrasburgo en octubre de 2017, cuando se condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.
Esta nueva jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha sido acogida por la ponencia que está previsto que pueda empezar a deliberarse a partir de este martes en el TC, y supone un cambio respecto a la propuesta inicial del ya ex magistrado de corte progresista Fernando Valdés, quien abandonó su cargo hace algunas semanas tras ser procesado un supuesto delito de malos tratos a su esposa.
La propuesta de Valdés, que estaba sobre la mesa desde finales del pasado mes de enero, encontraba inconstitucionales más de una decena de artículos de la Ley Mordaza que habían sido impugnados por PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai, entre ellos los relativos al desarrollo de protestas en las calles o las denominadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes.
La salida de Valdés y sobre todo la aplicación de la doctrina del TEDH sobre este último asunto propició una nueva discusión y un cambio de criterio que inicialmente estaría avalado, según las mismas fuentes, por los cuatro magistrados que integran el grupo de estudio creado para estudiar este asunto y lograr el máximo consenso en su resolución.
El criterio de estos magistrados, que además del ya ausente Valdés son Ricardo Enríquez, Antonio Narváez*y Juan Antonio Xiol, es compartido con una amplia mayoría del Pleno, por lo que en principio no habría problemas para que este asunto fuera resuelto en el Pleno de esta semana.
Otro sector, sin embargo, considera que la trascendencia del tema merecía una discusión sosegada que parece complicado realizar esta semana, ya que el Pleno incluye otros asuntos de gran interés como son el relativo a un ultraje a la bandera por el que fue condenado un sindicalista de Ferrol (A Coruña) y otro sobre el régimen de sanciones de la Ley Electoral.
CUESTIONES PENDIENTES SOBRE EL ‘PROCÉS’
Lo que parece que puede aplazarse es la resolución de varios recursos que quedan aún pendiente contra diferentes decisiones tomadas por la justicia entorno a los protagonistas políticos del ‘procés’ independentista en Cataluña -aparte del recurso presentado contra las condenas dictadas el octubre pasado por el Tribunal Supremo-, debido a la recusación en varios de estos procedimientos del magistrado Antonio Narváez.
Narváez, exfiscal y perteneciente al sector conservador de este órgano, ha sido recusado entre otros por el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, en relación con una conferencia en la que el hoy magistrado participó en 2017 titulada ‘El problema catalán, perspectiva constitucional’, y en la que habría calificado la actuación de los líderes independentistas de «golpe de Estado encubierto»
Además de la tramitación que exigen toda recusación, fuentes del tribunal de garantías apuntan que los retrasos en relación con los asuntos pendientes sobre el ‘procés’ también son debidos a la paralización que sufrió el TC durante el estado de alarma por covid.
A ello se une que se quiera dejar el recurso principal al nuevo órgano que salga de la renovación de cuatro de los miembros de este tribunal que está pendiente desde hace más de un año, y que algunos señalan que se producirá próximamente, quizá al mismo tiempo que se renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Deben salir del TC los cuatro magistrados designados por el Congreso de los diputados que fueron su presidente, la vicepresidenta Encarnación Roca y el magistrado Andrés Ollero y los que se sumaría Valdés, ya fuera tras su dimisión hace varias semanas.
