El pleno del Parlamento europeo ha aprobado este martes las nuevas reglas negociadas con los Veintisiete para ampliar las posibilidades de defensa colectiva de los europeos al crear un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembro para reforzar la protección del consumidor frente a fraudes masivos u otros problemas como las acciones legales abusivas.
Las nuevas normas se publicarán ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea momento a partir del cual entrarán en vigor, aunque los Estados miembro tendrán un plazo de 24 meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. De este modo, las reglas solo afectarán a las demandas interpuestas a partir de la fecha de la aplicación de la norma.
Estas reglas obligan a los Estados miembros a establecer un sistema de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores frente a las infracciones del Derecho de la Unión y abarca acciones tanto de cesación como de reparación.
Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales en áreas como los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, la salud, las telecomunicaciones y la protección de datos.
Estas organizaciones tendrán que cumplir los criterios comunes para poder interponer acciones transfronterizas, por ejemplo demostrar estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional, según ha precisado la Eurocámara en un comunicado.
La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de ‘quien pierde, paga’, por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.
Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.
