El Consejo de Europa ha advertido de que los servicios integrales de apoyo a las víctimas en España «se han concentrado exclusivamente» en la violencia dentro del ámbito de la pareja y expareja, «en detrimento» de otras formas de violencia, en particular, la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina.
Así lo indica el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa en su primer informe de evaluación de la implementación por parte de España del ‘Convenio de Estambul’.
En el informe, se reconoce el compromiso de las autoridades españolas para combatir la violencia contra la mujer y los avances logrados, en particular, en la lucha contra la violencia en el ámbito de la pareja, pero pide que se preste más atención a otras formas de violencia contra la mujer.
GREVIO destaca el papel pionero de España al adoptar en 2004 una ley integral contra la violencia de género que se ha complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Además, elogia la «variedad de medidas» de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres.
Igualmente, reconoce los esfuerzos para recopilar estadísticas y hacerlas públicas, y el papel del sector privado y los medios de comunicación en la prevención y lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer.
Si bien, el informe lamenta las «variaciones regionales» en la aplicación del Convenio de Estambul. Según indica, «no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo» en todas partes. En concreto, señala que «muy pocas» comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y existen «aún menos» servicios especializados de apoyo para mujeres en riesgo de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso o esterilización y aborto forzado.
Por otro lado, el informe observa con preocupación un «marcado aumento» de las violaciones en grupo en los últimos años, así como el hecho de que los casos se refieren cada vez más a víctimas o agresores menores de edad.
También identifica una serie de problemas con respecto a los procedimientos legales por agresión sexual y violación, en particular la duración de los procedimientos, la exclusión de las pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como el umbral «muy alto» para probar la violación en los tribunales, lo que puede provocar, según advierte, la revictimización y contribuir a bajas tasas de condena.
El informe señala asimismo varias deficiencias en la implementación de las medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica, que dan como resultado «la custodia compartida y el otorgamiento de amplios derechos de visita a los perpetradores convictos».
Otro tema de gran preocupación para GREVIO es que, según precisa, existen «varias barreras importantes» para el acceso de las mujeres a un procedimiento de asilo sensible al género. Estos incluyen procedimientos de asilo «acelerados» y condiciones «inadecuadas» de recepción y entrevista, que no crean un ambiente de confianza y apoyo necesario para compartir información sensible y revelar experiencias de violencia.
Igualmente, lamenta los «altos umbrales» probatorios para los casos de violencia sexual y doméstica, así como la exigencia de informes previos de violencia realizados por solicitantes de asilo a sus autoridades nacionales, para que se les brinde protección internacional por estos motivos. Esto puede dar lugar a deportaciones o devoluciones, según añade.
En este contexto, GREVIO pide a las autoridades españolas que refuercen el marco jurídico sobre violencia psicológica, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina; y mejorar la prestación de servicios de apoyo, como la provisión suficiente de alojamiento en todas las CCAA y su accesibilidad para todas las mujeres víctimas de violencia, con especial atención a las mujeres con discapacidad, de zonas rurales, las niñas, las mujeres toxicómanas, las mujeres en prostitución y mujeres migrantes.
Finalmente, pide asegurar la asignación y el uso adecuados de los recursos por parte de las autoridades regionales y desarrollar sistemas de financiación que permitan a las ONG de mujeres participar en la prestación de servicios de apoyo.
