Los diez vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado este viernes por escrito al presidente de este órgano, Carlos Lesmes, que convoque un Pleno Extraordinario para debatir las medidas a adoptar tras la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados a dar curso a sus peticiones en relación con la reforma de este órgano, según señala petición.
En una reunión que también se celebró con carácter de extraordinaria el pasado 17 de diciembre, el CGPJ acordó solicitar al Congreso que tuviera en cuenta informes a realizar por el propio Consejo por la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre los planes de reforma ley orgánica que impulsan el PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando sus vocales hayan sobrepasado el mandato por el que fueron nombrados. Entre las funciones a limitar está la de los nombramientos en la cúpula judicial.
La decisión del Congreso se adoptó el pasado martes, cuando la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, aceptó tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, y también rechazó los informes solicitados por los vocales de este órgano.
Los vocales que firman el escrito consideran «imprescindible» la de un pleno extraordinario para debatir sobre la situación generada por la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados y las determinaciones que ello obligue a adoptar, que debe ser convocado dentro de los tres días hábiles a la presentación de esta solicitud.
En su Pleno de diciembre el Consejo aprobó con el apoyo de 16 de sus 21 vocales instar al Congreso de los Diputados a pedir informe al Consejo de Europa y también poder pronunciarse ellos mismos sobre la reforma propuesta, un trámite de consulta que se había eludido mediante la Propuesta de Ley ante el Congreso de los Diputados.
El Consejo considera que la reforma planteada por los partidos que sustentan al Gobierno afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial.
Los vocales del sector progresista de este órgano Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez -todos ellos designados a propuesta del PSOE menos esta última, que llegó de la mano de IU- votaron en contra.
En su resolución inicial, el CGPJ recordaba que el artículo 561.1 LOPJ establece la obligación de someter los anteproyectos aprobados por el Gobierno al informe del Pleno de este Consejo, en tanto que conforme al artículo 561.1.9° LOPJ dicho sometimiento es «potestativo» en el caso de las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios.
TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL
En este punto, recordaban la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de interpretación conforme con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que demanda que toda iniciativa legislativa «que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados».
Ello incluiría al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.
