Un mes antes de lo previsto, y sin haber realizado ninguna de las pruebas testificales ni documentales, ha terminado el juicio de la ‘Operación Zamburiña’ en una última sesión en la que la fiscal ha censurado que «es muy triste que se deja entrar droga en la ciudad (Ourense) y que la policía lo permita y no se castigue».
De este modo, queda visto para sentencia este supuesto caso de corrupción policial en relación con narcotraficantes, después de que durante el juicio la Audiencia Provincial de Ourense anulase las escuchas que dieron pie a la operación.
A pesar de que en la primera vista tras las cuestiones previas la magistrada anuló el auto que recogía las escuchas –de las que derivaron tanto los registros domiciliarios como la incautación de pruebas, así como las declaraciones en fase de instrucción–, la columna vertebral del juicio, la fiscal ha continuado con la acusación aún sin prueba de cargo.
Así en la última sesión del juicio, la fiscal ha elevado sus conclusiones provisionales a definitivas continuando con la petición inicial de condena, que suma un total de 100 años de cárcel entre los cuatro agentes acusados y los nueve narcotraficantes.
Las defensas reclaman la absolución de los acusado, que únicamente han contestado a preguntas de sus letrados para asegurar no ser culpables de ninguno de los delitos y que la droga aprehendida no era de su propiedad.
RECURSO AL SUPREMO PARA RECLAMAR UN NUEVO JUICIO
Con todos estos motivos, la fiscal a cargo del caso ha afirmado que recurrirá a la Sala de lo Penal del Supremo para reclamar que se revoque la nulidad y se abra un nuevo juicio oral con todas las pruebas.
«Es muy triste que se deje entrar droga en la ciudad, la policía lo permita y que estas conductas no se castiguen», opina. «Se están dejando que entre grandes cantidades de droga en la ciudad de Ourense y es difícil luchar contra ello cuando los policías son quienes lo permiten», lamenta.
LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN
Por su parte, los letrados de las defensas han basado sus informes de conclusiones en «el vacío probatorio total» y «la ausencia de investigación previa a la intervención telefónica», así como en el hecho de que «se vulneraron derechos fundamentales» de los investigados con un auto «inmotivado» y declarado nulo.
En este sentido, la abogada del jefe de la brigada ha replicado el informe del Ministerio Público afirmando que «la fiscal no entendió o no quiso entender» que las declaraciones realizadas en instrucción habían sido anuladas.
Del mismo modo ha sentenciado que el informe hace referencia no solo a las declaraciones en instrucción sino también a pruebas documentales que «no pueden ser empleadas porque están conectadas con las llamadas que han sido anuladas».
«Se habla de moralidad, de tener que castigar el hallazgo de un presunto delito, pero la moralidad también se despliega si todos nos esforzamos porque las decisiones jurisdiccionales sean las adecuadas», sostiene.
Asimismo, ha aseverado que su patrocinado «está de acuerdo con la persecución del delito, pero no a cualquier precio». Y es que «hay ausencia absoluta de investigación previa» a las llamadas. Solicita su libre absolución.
El resto de defensas han mantenido la misma línea. Aplauden en sus alegatos la anulación del auto y reiteran que el informe del Ministerio Público se fundamenta sobre la prueba anulada.
Todos han pedido la libre absolución de sus clientes porque «se hace justicia material y formal». «Los ourensanos saben que se protegen sus derechos fundamentales», agregan.
TENSIÓN EN LA SALA
En la última sesión se pudo observar la tensión entre los jueces de la Audiencia Provincial y el Ministerio Público. Después de que solo le concediesen media hora para sus conclusiones, la fiscal replicó que, por parte de la defensa hay 11 letrados. «Para contestar a cada uno de ellos necesito más tiempo», se ha quejado.
La respuesta de la Sala ha sido que «es el criterio que se ha decidido», lo que ha dado lugar a que la representante del Ministerio Fiscal prosiguiese en sus quejas. «Nos lo están poniendo muy difícil, nos podían haber dicho que no compareciésemos», ha afirmado.
En esta misma línea, la fiscal ha apelado a la Constitución Española exponiendo que recoge que la lectura de las declaraciones «debe ser tenida en cuenta incluso ante posibles recursos de nulidad», como el vivido en la sala, y ha considerado «arbitraria» la exclusión que ha recibido su petición de que así fuese.
La magistrada le ha replicado que «no procede» y que ya se lo habían anunciado «en la sesión anterior». «Tengo derecho a la palabra, si no puedo opinar ni decir nada no sé qué pinto en esta sala», ha asegurado la fiscal ante esto.
ÚLTIMA PALABRA
El único de los acusados que ha ejercido su derecho a la última palabra ha sido el ex efe de la brigada antidroga. «En contra de la recomendación de mi abogada, voy a transmitir mi rabia», ha sentenciado.
«Ya no me fío ni de la justicia ni de la fiscalía. Intervinieron teléfonos solo por tener afinidad conmigo y porque los induje a trabajar los fines de semana y las noches sin repercusión en el sueldo, ese fue su único delito», ha alegado.
Pide perdón al resto de agentes que fueron señalados en el anónimo del 2014, para a renglón seguido apostillar: «Pensaba que había que motivar las intervenciones telefónicas a los delincuentes, pero veo que en cuanto a los policías no hay que motivar nada». El juicio ha quedado visto para sentencia.
