Ecoembes sabe que se avecinan cambios y se quiere adaptar a la nueva transición con la connivencia de la administración pública. Que en España se recicla mal no es un misterio. Como mucho, según los datos de Greenpeace, llegamos al 30% de los envases plásticos reutilizados. No es de extrañar que ya se hablara de la implantación de nuevos sistemas, como el de devolución, depósito y retorno (SDDR), que reventaran el imperio y el monopolio de Ecoembes. Pero la sociedad anónima sin ánimo de lucro ha respondido a esta amenaza con un nuevo plan: quiere controlar los nuevos sistemas de devolución de envases y que, además, los paguemos todos los españoles a pesar de que es obligación de las empresas hacerse cargo de sus residuos. Un chollo destapado por Greenpeace ante el cual el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se ha bajado los pantalones dejando a Ecoembes utilizar tu tierra como conejillo de indias.
El grupo ecologista lleva tiempo poniendo e grito en el cielo ante el escándalo que supone que Ecoembes, un conglomerado formado por las principales empresas envasadoras, solo recicle a penas (y con suerte) el 30% de los residuos plásticos, cuando tienen la obligación legal de recuperar el 100%. Son muchos los informes (como el de Changing Markets), políticos y grupos ecologistas los que han denunciado que Ecoembes era «un obstáculo» para la economía circular, razón por la que llevaba tiempo vislumbrándose a nivel estatal la posibilidad de introducir en España nuevos sistemas de reciclaje, como el SDDR tan vigente en Europa. Sin embargo, tal y como aseguran fuentes del Gobierno consultadas por MONCLOA.com, la presión del conglomerado de empresas ha conseguido que en España no se introduzcan nuevos sistemas de reciclado «favoreciendo» los intereses de Ecoembes.
Ante tal amenaza, parece que Ecoembes, como todo organismo, ha mutado para adaptarse a las nuevas circunstancias y mantener el férreo control que tiene sobre el reciclaje en España. El primer encargado en someterse a los intereses de esta sociedad anónima sin ánimo de lucro es Ximo Puig, que, según Greenpeace, ha aprobado «una iniciativa legislativa» que seguirá trasladando la responsabilidad legal de Ecoembes «a las personas contribuyentes». La nueva ley aprobada por la Generalitat Valenciana prevé introducir en la región hasta 3.000 nuevas máquinas de reciclaje para el retorno de botellas de plástico que se pagarán directamente por el contribuyente. Ecoembes básicamente ha buscado que en la ley se refleje que la introducción de estos nuevos sistemas vaya a cargo de los fondos públicos, las ayudas europeas y, sobretodo, los fondos para paliar las consecuencias del coronavirus.
La proposición de ley dicta directamente que estas nuevas máquinas que se quieren implantar en la Comunidad Valenciana cuenten con la «financiación de fondos europeos, estatales o autonómicos de hasta un máximo del 100 % de las inversiones necesarias para los equipos automáticos de recogida separada». Más claro no lo pueden dejar, aunque sea un escándalo para organizaciones como Greenpeace que Ecoembes no solo vaya a gestionar la entrada de nuevos sistemas de reciclaje en España (manteniendo su monopolio), sino que se pague con dinero público una gestión que corresponde íntegramente y por ley a las empresas generadoras de residuos plásticos.
El resumen, según el criterio de las organizaciones ecologistas, es que los españoles pagarán uno por uno algo que corresponde a empresas como Coca-Cola, Unilever o cualquier gran compañía que genera envases plásticos y tiene la obligación legal de hacerse cargo de ellos. Y lo mejor de todo esto es que la administración pública ha dado el visto bueno a que tengan acceso a este dinero por el «bien del reciclaje».
Cualquiera diría que el Gobierno de España cuenta con una vicepresidencia para la Transición Ecológica. No solo Teresa Ribera, la vicepresidenta de esta área, no se ha dignado a aprobar que se implanten en nuestro país nuevos sistemas que contribuyan a la economía circular, sino que encima, entre patrocinio de actos de Ecoembes, la socialista coquetea con la idea de que el Gobierno haga exactamente lo mismo que Puig en la Comunidad Valenciana y consienta que el dinero de todos los españoles pague algo que es responsabilidad de las empresas, por no hablar de que Ecoembes seguirá obteniendo beneficios (aunque sea sin ánimo de lucro) de ser el monopolio que gestiona el reciclaje en España. Un chollo al que esta sociedad anónima ha entrado a través de Puig y su connivencia con las principales empresas generadoras de residuos plásticos.
Desde luego, la medida se ha vendido desde la administración autonómica como «eco-friendly«. El anuncio de la Generalitat Valenciana es que Puig ha aumentado los sistemas de reciclaje en el territorio y contribuirá a aumentar el porcentaje de envases recuperados. El problema es que lo ha hecho, según el criterio de los ecologistas, sometiéndose a los intereses del conglomerado de compañías envasadoras y atentando contra otros sistemas que podrían contribuir a mejorar el reciclaje sin necesidad de gasto público. El permitir la entrada de nuevos sistemas como el SDDR en España tan solo afectaría de forma negativa a Ecoembes, pues perderían el control férreo del reciclaje. Pero si se hiciera, al menos no se reflejaría vía parlamentaria que los españoles tenemos que pagar la implantación de estos nuevos sistemas.
“Greenpeace considera inadmisible que Ecoembes, junto con la industria responsable de la nefasta gestión de residuos en el Estado español y de los costes ambientales, sociales y económicos que ésta supone, ya ni tan siquiera trabaje para solventar esta situación, sino que pretende seguir trasladando el coste de su negligencia a las personas contribuyentes”, ha declarado Julio Barea responsable de residuos de Greenpeace. Mientras tanto, Puig se ha puesto de rodillas para darle a Ecoembes lo que quiere: controlar también los nuevos sistemas de reciclaje que se implanten en España.
Lo más grave, está por venir, tal y como asegura Greenpeace en un comunicado. «El Gobierno español cuenta con tratar el asunto en la nueva Ley de Residuos que debe llegar al Parlamento en las próximas semanas, pero existen ya indicios de que los grandes fabricantes quieren seguir ignorando su responsabilidad y trasladar el coste de su actividad económica a nuestros bolsillos·.
