Un total de 39 organizaciones sociales han reclamado una respuesta «urgente» ante «la vulneración de derechos de la infancia» en la Cañada Real Galiana por la falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo durante más de 100 días los más de 1.800 niños y niñas que viven en los sectores V y VI.
En un manifiesto, las organizaciones precisan que esta situación, agravada por la alta incidencia de la pandemia y por las frías temperaturas del invierno, «pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también otros como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección».
Por ello, piden una respuesta «urgente» a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada así como a la empresa suministradora de la energía, Naturgy.
En concreto, exigen que «se prioricen las medidas excepcionales necesarias para el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico a todas las familias afectadas, adecuándose y rehabilitándose la red eléctrica para garantizar un adecuado suministro eléctrico y realizando un peritaje externo que pueda esclarecer las dificultades técnicas para buscar soluciones».
Además, consideran necesario realizar una evaluación del impacto que esta situación está teniendo en el bienestar y derechos de los niños y niñas afectados, de cara a la toma de decisiones para reparar el daño e impacto negativo que haya podido tener.
Según indican, el Real Decreto Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre es «muy claro» con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, «prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro».
Además, añaden que, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado en mayo de 2017 existe el compromiso, por parte de todas las administraciones públicas implicadas, de garantizar un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los ciudadanos de la Cañada Real Galiana. Según señalan las organizaciones sociales, dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados.
«Las 39 organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente», ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
20 BEBÉS AFECTADOS
Especialmente grave es, según precisa, el caso de 20 bebés y de los niños y niñas que se encuentra en situación más vulnerable, «convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria en el contexto actual de la pandemia y las bajas temperaturas».
Las organizaciones firmantes explican que «la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización».
Igualmente, precisan, ante la existencia de «enganches en precario», que las personas afectadas han solicitado contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni «se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan».
Asimismo, las organizaciones señalan que es fundamental contar con la opinión de las familias afectadas y garantizar que las medidas que se implementan tengan en cuenta el interés superior del menor, tal y como obliga la Convención sobre los Derechos del Niño.
Entre las 39 organizaciones firmantes se encuentran: Plataforma de Organizaciones de Infancia, Aldeas Infantiles SOS, Amnistía Internacional, Mensajeros de la Paz, Ayuda en Acción, Coordinadora de Barrios, Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, Educo, Fundación ANAR, Fundación Secretariado Gitano, Plan International, Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Save the Children y UNICEF España, entre otras.
