Unidas Podemos quiere que el Gobierno, junto a las comunidades autónomas, despliegue ayudas directas para compensar a los sectores afectados por las restricciones del coronavirus, como en el caso de la hostelería y el pequeño comercio, de cara a evitar así posibles quiebras.
«Es comprensible que, para contener la pandemia, las CCAA obliguen a cerrar algunos sectores, como la hostelería, pero lógicamente estos sectores deben ser temporalmente compensados por esos cierres. Hay países que ya están dando estas ayudas directas, como Holanda, Alemania o Francia», ha apuntado al respecto el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez
A su juicio, «el riesgo es que –ante la ausencia de estas ayudas– las quiebras de empresas aumenten en los próximos meses, y con ello el desempleo». «Ese es el escenario que debemos evitar», ha proseguido el también responsable de la parcela económica de Podemos.
En esta línea también se ha manifestado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, al destacar que los Presupuestos Generales del Estado son «expansivos» y que trabajarán, en todos los espacios en los que tienen representación, para que se lleve a cabo las medidas restrictivas que hagan falta para doblegar la incidencia del Covid-19 y, a la vez, que se compense a los sectores más afectados, como la hostelería y el pequeño comercio.
En este sentido, Echenique ha dicho respecto a la opción de ayudas directas a estos sectores, que hay un debate abierto en el seno del Gobierno que es «bienvenido».
También ha roto una «lanza a favor» de las medidas del Ejecutivo ante la crisis del Covid-19, con el despliegue de los ERTE, las ayudas del Instituto de Crédito Oficial para aliviar a locales de hostelería y establecimientos comerciales.
Por tanto, parece «sensato» que se establezcan ayudas directas ante una nueva ola que ha generado nuevas restricciones, que han afectado de forma «muy seria» a la viabilidad de estos negocios. Por tanto, ha abogado por abrir una vía para articular esas ayudas a los sectores más golpeados por la crisis entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
«Las comunidades ya están, algunas de ellas, dando ayudas directas al sector de la hostelería. Por lo tanto es evidente que si desde el Gobierno de España se plantea algún tipo de ayudas directas adicionales, habrá que hablar con las autonomías porque si no, podría incurrirse en duplicidades. Nosotros somos favorables a que se den», ha apuntado.
INCENTIVOS PARA LOS QUE IMPULSEN VIVIENDA SOCIAL
Por su parte, el secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha indicado que su formación apuesta por «apuntalar» la nueva Ley de Vivienda, sobre todo en el plano de proteger a la población vulnerable y a las clases populares.
Por tanto, el planteamiento de Unidas Podemos se fundamenta en, por un lado, desplegar incentivos fiscales para aquellos promotores que desplieguen vivienda social y, en cambio, penalizar a los «especuladores».
En este sentido, ha criticado al PP por intentar frenar «derechos y leyes para regular los alquileres y facilitar el derecho a la vivienda», en clara alusión al recurso planteado contra la normativa catalana. «Su sueño es volver a una situación en que los especuladores puedan subirnos el 50% el alquiler», ha zanjado.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la «emergencia habitacional» en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.
Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
«Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social», ha defendido.
