La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado pueda hacer nombramientos discrecionales dará este martes un paso más en el Congreso al ser debatida por la Comisión de Justicia, que la dejará lista para que el Pleno de la Cámara pueda aprobarla la próxima semana.
Los dos grupos que integran el Gobierno de coalición registraron esta iniciativa el pasado 2 de diciembre y forzaron su tramitación por el procedimiento de urgencia, lo que implicó reducir los plazos a la mitad, y sin pedir informe al Poder Judicial. El PP intentó sin éxito evitar esa tramitación acelerada y ya ha anunciado que la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
El Pleno del Congreso rechazó la primera semana de febrero las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos y Junts en medio de las críticas de la oposición, que considera la reforma un «atentado» a la independencia judicial perpetrado además por la vía «exprés». Todo ellos criticaron la decisión de la Mesa del Congreso de seguir adelante con la tramitación parlamentaria sin solicitar informe al CGPJ, a pesar de que pidió ser escuchado, una negativa que el PP también va a recurrir ante del Constitucional.
Socialistas y ‘morados’, por su parte, defienden la necesidad de que el CGPJ, al igual que los otros poderes del Estado, vea reducidas sus funciones cuando expire su mandato, al tiempo que reivindican la competencia legislativa de las Cortes. Se plantea también como una forma de presionar al PP para que se avenga a renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado, pero los ‘populares’ insisten en que cualquier pacto con Podemos es «imposible.
EN VIGOR A MITAD DE MARZO
El pasado 4 de febrero, la reforma pasó el trámite de ponencia, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión presentadas por el PP y este martes todos reproducirán sus posiciones en el debate que tendrá lugar en la Comisión de Justicia.
La idea es que, una vez sea aprobada en comisión se eleve al Pleno para su aprobación la próxima semana y que de ahí el borrador pase al Senado. Si no hay cambios, el texto quedaría definitivamente aprobado en la Cámara Alta y sólo pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, algo que podría ocurrir a mitad de marzo.
