La ministra de Igualdad, Irene Montero, no se ha dado cuenta de que la razón por la que el Consejo General del Poder Judicial ha criticado su Ley de Libertad Sexual poco tiene que ver con motivos ideológicos, sino jurídicos. Fuentes del Consejo desvelan que no se trata de una cuestión de colores políticos o de forma de pensar, sino de criterios puramente técnicos. La ley elaborada por Montero tiene una serie de puntos clave que básicamente, en la práctica, podrían hacer que quienes cometieran delitos sexuales cumplieran menos pena que la que le correspondería con el Código Penal actual. Montero se ha dejado llevar por el entusiasmo y quiere redefinir el concepto de consentimiento y que el delito de agresión absorba los abusos sexuales, algo que, según fuentes, tal y como está planteado, no tendría el efecto esperado por el ministerio de Irene. En lugar de asumir la crítica, Unidas Podemos ha dado la orden interna de atacar en bloque (otra vez) al CGPJ por machista y seguir adelante con el proyecto «chapucero» de ley de Irene Montero.
«Será ley», ha asegurado Montero poco después de decir que «si fuese por el Consejo General del Poder Judicial, no habría en España una ley contra la violencia de género». Desde la formación morada tienen claro que antes arrancan con un proyecto defectuoso que reconocer los fallos técnicos que presenta la ley, según apuntan juristas. Y más, si quienes apuntan esos errores de base es el CGPJ. «Si fuese por el Consejo General del Poder Judicial, no habría en España una ley de matrimonio igualitario», insistía Montero. Pero lo cierto es que por mucho que tachen de machista al Consejo, hay una serie de errores de fondo que, de salir adelante la ley, pueden traer más problemas que soluciones, según apuntan fuentes del Consejo General.
Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial han criticado la ley Montero, incluso los progresistas. Los profesionales entienden que el Código Penal actual ya se asienta sobre la idea de consentimiento, tal y como pretende hacer «de nuevas» la ministra de Igualdad, aunque no incluya como tal la definición del concepto en sí. De hecho, el Código Penal también considera pubible cualquier acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo. Vamos, que un no, es un no. Ya sea en forma de abuso o de agresión, si no hay consentimiento o dicho consentimiento sea forzado, es punible y será castigado. Entonces, ¿qué pretende hacer Montero?
Los giros técnicos de la ley de Montero pretenden, primero, incluir una definición en el artículo 177.1 del Código Penal en la que se dice que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto». El «solo sí es sí» que se remarca y que desde el CGPJ consideran absurdo dado que ya existe en el código Penal una definición similar.
En este primer caso, el problema es una redundancia que no tendría repercusión a nivel jurídico ni en la práctica dado que ya existe así. Es solo un giro absurdo. Donde empieza la chapuza es la absorción del delito de abusos sexuales por el de agresión sexual. Los juristas y los vocales del CGPJ apuntan a que Montero con su ley podría desproteger a las víctimas que tanto ansía proteger. Vamos, el efecto contrario porque no se han planteado cómo se aplicaría en la práctica ese nuevo concepto jurídico que Montero quiere aplicar con tanta vehemencia.
Desde el Consejo argumentan que esa desprotección a la víctima vendría al hacer desaparecer el delito de abusos sexuales. Es decir, que al ser todo agresión sexual, los delitos más graves en este supuesto no tendrían un castigo mayor dado que no habría un baremo claro. Lo mismo será a ojos de la ley cometer un abuso menor que una violación. Y esto hará que, efectivamente, los castigos por abusos sexuales sean mayores, pero que los de mayor gravedad no tengan una consecuencia penal mayor. No habrá diferencias. El Consejo argumenta que, para conseguir el efecto que Montero desea, tendrían que crear un nuevo delito de agresión sexual de mayor intensidad para conseguir exactamente el mismo efecto que ahora. Y si lo que quiere es endurecer las penas, que lo haga sobre el Código Penal actual, pero que no cometa chapuzas de esta índole.
En resumen, Montero ha creado un problema de la nada cuando la solución a lo que quiere sería más sencilla. Pero ahora, después de que los jueces hayan sacado a relucir los fallos técnicos de la ley, el paso de Unidas Podemos ha sido el de tachar al CGPJ de machista en vez de solucionar los puntos clave que tienen que cambiar. El resumen es que Montero conseguirá castigar con mayor severidad los delitos menos lesivos y penar con exactamente el mismo criterio una violación o situaciones mucho más lesivas para la víctima. Pero no quiere asumir las críticas ni ella ni toda la plana mayor del partido.
«Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley es seguir adelante», ha afirmado la dirigente de Unidas Podemos Victoria Rosell, quien se quedará previsiblemente sin su puesto de vocal en el CGPJ. Igualdad seguirá con todo adelante y no le importa que se desproteja a las víctimas porque entienden que su Ley está perfectamente. La orden ahora es llamar machista al Consejo hasta que consigan sacarlo adelante. Sin más.
