El PSOE y Unidas Podemos retomarán la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda para tratar de buscar un consenso sobre las características que debe incluir la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas, medida incluida en el acuerdo de coalición.
La previsión es que los equipos que encabezan la secretaria de Estado de Vivienda y futura ministra de Derechos Sociales, Yolanda Díaz, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, se reúnan este miércoles.
De hecho, había una reunión agendada para este mismo martes pero se ha aplazado a mañana, dado que el Ministerio de Transportes aún no ha remitido su propuesta escrita a la Vicepresidencia de Derechos Sociales, según han relatado fuentes de Unidas Podemos.
COMPROMISO DE IGLESIAS ANTES DE DEJAR EL GOBIERNO
Precisamente el aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha marcado como objetivo lograr la aprobación de la ley de vivienda antes de dejar el Gobierno para ser candidato a la Comunidad de Madrid, como el mismo reconoció en su vídeo para explicar su decisión.
Y es que la plasmación de la regulación del precio del alquiler es un factor que ha tensionado a la coalición. Iglesias ha subrayado en diversas ocasiones que su despliegue es un compromiso del acuerdo de Gobierno, refrendado además en el pacto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
También pronosticó que «van a ganar la batalla» para lograr plasmar la regulación del precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda, pese a las presiones de la patronal inmobiliaria para que no se cumpla el pacto que suscribió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A su vez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que su Ministerio está trabajando «codo con codo» con el de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana sobre las posibilidades que ofrece la fiscalidad como instrumento para abaratar los precios de los alquileres.
Sin embargo, Unidas Podemos rechaza la opción de aplicar un modelo de incentivos para desplegar esta regulación y aboga por plasmas obligaciones a los grandes tenedores de vivienda, además de fijar límites concretos para bajar los precios en zonas de mercado tensionado.
Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía. De este último punto, tampoco se ha aportado una propuesta concreta por parte de los socialistas.
En la reunión del pasado 4 de marzo ambas partes lograon avances para incluir en la nueva Ley de Vivienda medidas orientadas a frenar los desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad, pese a que lo relativo a la regulación del alquiler seguía sin clarificarse.
