La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este lunes la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que no pueda realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato, con lo que esta misma semana será sometida al Pleno de la Cámara Alta con miras a que entre en vigor en abril.
La Comisión de Justicia ha rechazado los dos vetos propuestos por PP y Vox y las enmiendas de supresión planteadas igualmente por el Partido Popular, ratificando con ello el texto procedente del Congreso de los Diputados, que será sometido al Pleno de esta semana en el Senado, previsiblemente en su sesión del miércoles.
Según fuentes parlamentarias consultadas, se espera que la proposición de ley reciba la luz verde definitiva en este Pleno, con lo que ya solo quedaría su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que los cambios operados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) entren en vigor.
El PSOE ha vuelto a defender, por boca del senador José María Oleaga, que la reforma propuesta «trae causa de un problema que ha generado el PP» por no pactar la renovación del actual CGPJ, que lleva pendiente más de dos años. Para el representante socialista, se trata de «un desafío legal y constitucional» por parte de los ‘populares’ que genera «una distorsión en el funcionamiento de la administración de justicia» y ante la que los partidos del Gobierno ofrecen una solución.
Sin embargo, desde el PP, Fernando de Rosa ha reiterado que es un ataque a la independencia judicial. «Asistimos a un asalto al CGPJ que no tiene justificación en un Estado de Derecho pleno», ha dicho, alertando de que «están dinamitando uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho», la separación de poderes, y anticipando ya un «enfrentamiento» entre Judicial y Legislativo.
Para De Rosa, «esta proposición de ley es uno de los ingredientes de la nueva normalidad que anunció el Gobierno, la denominada crisis constituyente», si bien ha apuntado que «que no es más que la excusa que se quiere utilizar para quebrar los equilibrios políticos en España y, para ello, poco a poco la idea de anormalidad democrática se va posicionando para derribar los cortafuegos democráticos creados en la Transición».
Frente a ello, el senador ‘popular’ ha ofrecido al PSOE sentarse a hablar de «un gran pacto que despolitice la Justicia en España». «Eso es lo que el PP les ofrece, trabajo para cimentar el Poder Judicial y para las reformas que necesita nuestra administración de justicia», ha precisado.
El también senador socialista Francisco Manuel Fajardo ha recogido el «guante» lanzado por De Rosa, manifestando la «entera disposición» del PSOE para «llegar a acuerdos que redunden en la mejora del servicio público que es la administración de justicia». «¿Sabe cómo podemos empezar? Desbloqueando y cumpliendo con la Constitución», le ha espetado. «Hagan ustedes un gesto, siéntense, sentémonos, sin excluir a nadie», ni a grupos parlamentarios ni a jueces, ha instado.
¿A QUIÉN LE GUSTA EL ACTUAL CGPJ?
En este contexto, y a raíz de una pregunta lanzada por De Rosa, PSOE y PP se han enfrascado en una discusión sobre qué no le gusta al otro partido de los actuales vocales del CGPJ. Así, el senador ‘popular’ ha preguntado si al Gobierno le molesta que cumplan con sus obligaciones y efectúen nombramientos en la cúpula judicial por «amplio consenso», reivindicando que lo hacen con independencia de quien los haya propuesto, «por tanto no son ni procedentes del PP ni del PSOE ni de cualquier otro partido».
Oleaga ha replicado que «no se trata de cuáles sean los gustos del PP» porque «la Constitución no se cumple por gusto», urgiendo nuevamente a la renovación del CGPJ, aunque sí ha declarado que en el PSOE están «muy preocupados con algunas cosas de este CGPJ y de la persona que está al frente, el señor Carlos Lesmes», mencionando en concreto las críticas de altos cargos de la judicatura a partidos políticos por diferencias ideológicas y las críticas del Judicial al Legislativo.
El senador socialista ha cargado contra Lesmes acusándole de «despreciar» a los legisladores por no acudir a Congreso y Senado a presentar las memorias del CGPJ y ha cuestionado si el «silencio» del PP a este respecto se debe a que en su día fue un alto cargo del partido, a que «no se conduce con la debida imparcialidad» o a que «no cumple sus tareas constitucionales, como debe hacer garantizando la independencia judicial y no posicionándose hacia una parte». «Es porque probablemente las comparta», ha sentenciado.
De Rosa, por su parte, ha traído a colación los nombramientos «sectarios» realizados por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la cúpula del Ministerio Público, llegando a denunciar una «limpieza ideológica». En este sentido, ha avanzado que el PP presentará una propuesta de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el marco de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que otorga la instrucción de las causas penales a los fiscales.
UN SISTEMA DEFECTUOSO
Desde Vox, José Manuel Marín ha alertado igualmente de que el objetivo de esta reforma del CGPJ sería «borrar definitivamente la imprescindible separación entre los tres poderes del Estado haciendo al órgano de gobierno de los jueces preso de los dictados de la mayoría del Gobierno por muy exigua que sea».
Además, ha reiterado las críticas de Vox al actual sistema de elección de los vocales del CGPJ, que a su juicio lo han convertido en «moneda de curso habitual», para proponer que sean designados mediante «elecciones por y entre los jueces que se celebren independientemente de quiénes ocupen el poder político».
Miguel Sánchez López, de Ciudadanos, también ha lamentado este «mercadeo» y ha defendido que sean los propios jueces quienes designen a los vocales del CGPJ para «despolitizar la justicia».
Por otro lado, el senador del PNV Imanol Landa ha insistido en la crítica de su grupo parlamentario tanto al bloqueo del PP, al que ha reclamado «mayores muestras de responsabilidad y compromiso» para que haya renovación «más pronto que tarde», como al «uso con intereses espurios» que socialistas y ‘populares’ habrían hecho durante décadas del sistema de elección de los vocales del CGPJ.
Landa ha considerado que el problema no se debe al modelo, sino a cómo lo utilizan los partidos, rechazando que la designación parlamentaria de los miembros del CGPJ se identifique directamente con la «politización» del órgano de gobierno de los jueces, y que sean elegidos por y entre ellos mismos, apostillando que los togados se organizan en asociaciones que se alinean con «las mismas tendencias ideológicas» que hay en la sociedad española.
Laura Castel, de ERC, ha coincidido en que el actual modelo «ha degenerado en un reparto entre los dos partidos mayoritarios», abogando igualmente por una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ que garantice la renovación en tiempo y forma y en base a criterios de «mérito, capacidad y pluralidad ideológica».
