El consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, ha reconocido ante la Audiencia Nacional que pagaron a la Gürtel 1,8 millones de euros por la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte de la construcción de una piscina cubierta, un colegio de primaria y tres promociones de viviendas.
La representación del constructor, procesado en la pieza separada de Boadilla del Monte de la causa Gürtel, modifica así sus conclusiones de defensa y solicita una sentencia de conformidad a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar esta causa.
En un escrito reconoce así que Teconsa «encargó al grupo de Correa la gestión para la adjudicación de obras públicas a su favor» dado que eran conscientes de las «magníficas relaciones» que tenía Correa con distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular. «Y sabedor del coste que conllevaba la citada gestión para pago de los favores que se le iban a conceder», indica.
Como consecuencia de ese encargo, Martínez Parra indica que se le adjudicaron a Teconsa distintas obras por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del municipio.
Concretamente reconoce que se le adjudicaron las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono de Las Eras por contrato firmado con el entonces alcalde, el también imputado Arturo González Panero, en 2002. El coste de las obras tuvo un modificado en julio de 2004 con importe de 580.519 euros, y un complementario aprobado septiembre de 2004 por importe de 393.564 euros.
A esta obra suma la del Colegio de Enseñanza Primaria y apunta que el contrato fue firmado en enero de 2003 entre González Panero y Rafael Martínez Molinero –directivo también de Teconsa–. Indica que según informe de la Junta Consultiva el retraso en la ejecución constituyó un fraude en si mismo, pues fue el plazo el principal criterio de adjudicación del mismo.
Entre 2001 y 2007, Martínez Parra también reconoce que les adjudicaron la construcción de 96 viviendas, y recuerda que el precio excedió en 2,8 millones de euros el previsto sin que se tramitara ningún expediente de modificación. A esto añade un contrato de redacción de proyecto básico, seguridad y ejecución de obras de un edificio de 80 viviendas en 2002, y otro más de 57 viviendas de promoción local.
En este segundo caso explica que el presupuesto base de licitación fue de 9,4 millones mas un 19 por ciento de gastos generales y beneficio industrial, y que se otorgó una valoración muy baja a la oferta económica a los criterios subjetivos. Si bien se adjudicó la obra inicialmente a ACIS SA, posteriormente se resolvió el contrato y se adjudicó a Teconsa.
EL VIAJE A GALICIA EN EL QUE SU PADRE CONOCIÓ A CORREA
En el escrito, José Luis Martínez Parra recuerda no obstante que quien llevaba el peso del negocio, «la dirección total», era su padre –ya fallecido–, pero apunta que él siempre estuvo a su lado y que fue «conocedor y consentidor» de la mayoría de las decisiones.
Además, explica que su padre conoció a Correa en un viaje a Galicia porque tenían como amigo en común a Pablo Crespo, por entonces dirigente del PP gallego, y que a partir de ahí tuvieron más contactos. Apunta que es en 2008 cuando su padre, José Martínez Núñez, se lo presenta.
En su escrito de modificación de conclusiones, Martínez Parra apunta que abonó a Correa esos 1,8 millones en 2007 y que el pago fue en dos partes: 1,38 millones en efectivo y 420.000 euros en facturas emitidas por CRESVA (empresa del imputado Pablo Crespo) a Teconsa «que reflejaban servicios inexistentes». Martínez Parra indica en su escrito que desconoce como se repartieron esas cantidades «entre los distintos beneficiados por la adjudicación incorrecta de las obras».
REBAJA DE DOS GRADOS
La defensa añade que dado que reconoce estos hechos solicita que aprecie «la rebaja de dos grados en aplicación de la atenuante analógica de confesión» recogida en el Código Penal. Busca así alentar una modificación de la petición de Fiscalía en su escrito de conclusiones.
Por lo tanto, considera que por el delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos adjudicados desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y desde la EMSV, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público sea por un tiempo de tres años, y no nueve como solicitaba en su escrito Fiscalía.
Por el delito de fraude a las administraciones públicas, interesa la pena de seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y seis meses.
Para el de falsedad en documento mercantil en relación con las facturas emitidas por CRESVA S.L. a Teconsa, propone la pena de seis meses de prisión, y por el delito continuado de cohecho activo por los pagos desde Teconsa a González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, la pena de un año de prisión.
Esta confesión de Martínez Parra llega a los pocos días de que el líder de la trama Gürtel remitiera una carta a Fiscalía Anticorrupción en la que reconoce como «ciertos» los hechos que el Ministerio Público refleja en su escrito de acusación por las irregularidades en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, dirigido entonces por Arturo González Panero, de quien destacaba la «ambición desmedida» y una actuación «amoral». Esta pieza se comenzará a juzgar el próximo 22 de septiembre y está previsto que se alargue hasta febrero de 2022.
