Ocho de los investigados en el caso por presunta apropiación indebida en el Consell Esportiu de L’Hospitalet han responsabilizado al director de la entidad, Eduard Galí; al exdirector y exconcejal Cristóbal Plaza; además de a quien fue el contable de la entidad –ya fallecido– y a la administrativa del grupo de contabilidad.
La jueza ha tomado declaración a ocho investigados este jueves por la mañana, algunos de los cuales ejercieron como verificadores contables para supervisar las cuentas de la entidad, y fuentes jurídicas presentes en la sala han explicado que han asegurado que «firmaban lo que les pedían» los cargos superiores por confianza en ellos y en la entidad.
Según las mismas fuentes, los verificadores contables han afirmado que no revisaban las cuentas y han señalado directamente a Plaza y Galí como quienes supuestamente les entregaban los documentos listos para firmar.
Uno de los investigados ha asegurado que él ni siquiera estaba en la asamblea en la que se nombró verificador, y que firmó los documentos que le entregó Plaza porque tenía «confianza» en él.
TESORERO DEL CONSELL ESPORTIU
También según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el tesorero del Consell Esportiu, José Antonio Montoya, ha señalado que quien revisaba las cuentas era el entonces contable –fallecido por coronavirus– y la administrativa de contabilidad, que denunció el caso junto al concejal Jaume Graells.
En cambio, la extesorera Laura Batlle ha contado a la jueza que Plaza la puso en el cargo sin consultarle, y ha asegurado que él le daba toda la documentación.
NÚRIA MARÍN DECLARA EL VIERNES
La alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, declarará como investigada en esta causa el viernes sobre las 10.45 horas, justo después de su jefa de gabinete, Montserrat Pérez.
Será la tercera jornada seguida de declaraciones, y la jueza también ha citado al secretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, y tomará declaración por segunda vez al teniente de alcalde Cristian Alcázar.
El Juzgado de Instrucción 2 de L’Hospitalet, que investiga el caso, mantiene abierta esta causa por los presuntos delitos contra la administración pública, apropiación indebida, falsificación documental y prevaricación.
