La Comisión de Justicia del Senado ha confirmado por unanimidad la reforma de la ley del Registro Civil procedente del Congreso de los Diputados, para enviarla al Pleno de la Cámara Alta con miras a que quede aprobada antes del 30 de abril, fecha límite para la entrada en vigor del nuevo modelo registral, que arrebata el control a los jueces para dárselo a los letrados de la administración de justicia.
Desde el PSOE, autor de la proposición de ley, Fernando López Gil ha defendido que esta última reforma ofrece «un modelo de Registro Civil moderno, equitativo y organizado que garantiza el servicio público a la ciudadanía» combinando el necesario avance hacia «un futuro cada vez más digital pero sin poner en riesgo la atención en los pequeños municipios», con lo que –según ha afirmado– resuelve los «problemas enquistados».
Tanto el socialista como los demás grupos parlamentarios han destacado el «amplio consenso» que se ha logrado para sacar adelante esta proposición de ley, que opera el último cambio en la reforma de la ley del Registro Civil que se aprobó en 2011 con una ‘vacatio legis’ de seis años que se ha ido prorrogando y que vence el próximo día 30.
En consecuencia, la Comisión de Justicia ha aprobado por unanimidad el texto enviado desde sus pares en el Congreso, donde no fue necesario su debate y aprobación en Pleno al contar la Comisión de Justicia de la Cámara Baja con competencia legislativa en la materia. Sin embargo, en el Senado sí tendrá que someterse al Pleno, algo que se espera para la última semana de abril, según fuentes parlamentarias.
Está previsto que la reforma reciba el visto bueno de la Cámara Alta, siguiendo así la estela del trámite parlamentario, con lo que solo restaría su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que surta efecto.
DEMASIADAS «PRISAS»
A pesar del acuerdo sobre la proposición de ley, los grupos parlamentarios han recriminado al PSOE sus «prisas» para que sea aprobada, las cuales han llevado al partido gobernante a rechazar las 23 enmiendas presentadas.
El senador socialista ha explicado que algunas de las enmiendas son «bastante razonables» e incluso «enriquecedoras», pero que dada la «inminente fecha de vencimiento» de la reforma legal no da tiempo a tramitarlas. A modo de compensación, la Comisión de Justicia ha incluido en el texto una recomendación al Gobierno para que estudie los cambios propuestos y sopese incluirlos en futuros proyectos legislativos.
«Esta es una excusa de mal pagador», ha dicho la senadora ‘popular’ María Teresa Martín, criticando la urgencia del Gobierno por aprobar esta y otras leyes, que ha señalado ya como «un ‘modus operandi’ para coartar el debate parlamentario». Así, aunque ha dado su ‘placet’, ha indicado que mantendrá «vivas» las enmiendas del PP con la «esperanza» de que puedan incorporarse.
En la misma línea se ha expresado Miguel Sánchez, de Ciudadanos, que ha hablado de «una tramitación exprés». «Esto lleva aquí diez años y ahora se hace en un cuarto de hora», ha lamentado.
Carles Mulet, de Compromís y portavoz del Grupo Izquierda Confederal, ha sido el mas duro en este sentido, acusando directamente al PSOE de «vetar continuamente la capacidad para legislar» del Senado por acelerar los trámites en esta sede parlamentaria, pese a ser una cámara de segunda lectura. «Es una falta grave de respeto a los ciudadanos que nos han escogido y que nos pagan el salario, porque estamos aquí perdiendo el tiempo», ha declarando.
Desde el Grupo Mixto, Clemente Sánchez Garnica, del Partido Aragonés, ha coincidido en que «en los últimos tiempos la urgencia (…) no permite el necesario sosiego para un debate sereno y tranquilo», reclamando asimismo respeto a la función institucional del Senado.
Laura Castel, de ERC, que también ha optado por mantener las enmiendas de su grupo parlamentario, ha recriminado que, si bien «el ambiente es muy ‘zapateril'» en la Comisión de Justicia, hay «mucha prisa» y los cambios propuestos no se aceptan «casi nunca», con lo que –ha denunciado– se acaba convirtiendo a los senadores en meros «gestores» que visan el trabajo de los diputados.
La senadora socialista María Victoria de Pablo ha argumentado que no es posible habilitar una nueva prórroga para seguir retrasando la entrada en vigor de la ley de 2011 porque el Registro Civil es esencial para dar seguridad jurídica y, como tal, un «pilar» del Estado de Derecho.
Al igual que su compañero, De Pablo ha agradecido el «consenso» a los grupos parlamentarios y ha reconocido que el texto es «perfeccionable», si bien subrayando que «en algún momento hay que dar por finalizado el tema». Además, ha aprovechado para afear al PP sus «fugaces veleidades privatizadoras».
ATENDIDAS SOLO POR FUNCIONARIOS
La reforma legal está dirigida A «preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito» y, para ello, frente de cada Oficina General del Registro Civil estará un Encargado del Registro Civil, que ejercerá sus cometidos bajo la dependencia funcional de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Ello conllevará que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley queden suprimidos los Juzgados que, de forma exclusiva, han venido ejerciendo funciones de Registro Civil y el Registro Civil Central y, en su lugar, se crean oficinas generales de Registro Civil y la Oficina de Registro Civil Central.
Además, los puestos de trabajo de las oficinas del Registro Civil solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos generales de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
Uno de los fundamentos de la reforma es garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional, para proporcionar la necesaria cercanía a los usuarios del servicio registral.
Otro eje es la digitalización. Así, se asignará al ciudadano un código personal por el sistema informático del Registro Civil con la colaboración del Ministerio del Interior, que se asociará de forma inmediata el número del DNI o cualquier otro documento identificativo oficial, siendo invariable durante toda la vida.
