El Ministerio de Justicia aspira a reformar por completo la planta judicial de España en un horizonte temporal de tres años mediante la Ley de Eficiencia Organizativa, con la que los actuales juzgados quedarán absorbidos por 431 tribunales de instancia –-uno por partido judicial– que funcionarán a través de secciones especializadas (penal, civil, mercantil… etc.) que marcarán criterios interpretativos a los jueces que las compongan, aunque éstos podrán seguir su propio camino siempre que lo fundamenten.
El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha explicado en un encuentro con medios de comunicación que la ley de Eficiencia Organizativa es una de las patas del trípode normativo sobre el que el Ministerio pretende asentar la modernización de la administración de justicia, en el marco del programa 2030 y con el impulso decisivo de los fondos europeos para la recuperación postpandemia.
El objetivo de la ley de Eficiencia Organizativa, cuyo anteproyecto quedó aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes, busca «optimizar las infraestructuras» huyendo del «incrementalismo», esto es, «generar un modelo más eficiente para gestionar recursos escasos» con el propósito de que sea «sostenible».
Zapatero ha esgrimido que, según las cifras, las políticas enfocadas únicamente a aumentar recursos no han funcionado. Así, ha detallado que en los últimos 20 años se ha incrementado un 50 por ciento la planta judicial, pasando de 3.789 jueces a 5.593, y «paradojicamente» el número de asuntos resueltos se ha reducido un 5%. En la última década, ha ahondado, la entrada de nuevos casos se redujo un 34% pero la duración media de los procedimientos se amplió de 66 a 162 días.
Frente a ello, Justicia ha propuesto una serie de «soluciones técnicas» que no son nuevas –«llevaban mucho tiempo encima de la mesa»– pero que el contexto de la crisis sanitaria ha obligado a desempolvar y que consisten en crear los tribunales de instancia, implantar definitivamente la oficina judicial establecida hace quince años y transformar los juzgados de paz en oficinas de justicia en el municipio.
CRITERIO COMÚN PERO NO EXCLUSIVO
La pieza clave son los tribunales de instancia. Los 3.627 juzgados existentes en España se concentrarán en 431 tribunales de instancia, un «órgano judicial colegiado» que contará con un presidente y varias secciones.
Las secciones equivaldrán a las materias por las que se distribuyen ahora los juzgados (penal, instrucción, violencia sobre la mujer, civil, mercantil, social, contencioso-administrativo, menores y vigilancia penitenciaria), aunque se podrán añadir otras por mandato legal, y que haya unas u otras en cada tribunal de instancia obedecerá a las necesidades de cada partido judicial. Además, a esas secciones se podrán incorporar jueces especializados en temas específicos, como cláusulas suelo.
Estas secciones, que tendrán un presidente, establecerán «criterios interpretativos para asuntos sustancialmente iguales» que los jueces deberán seguir. Zapatero ha argumentado que la intención es dar seguridad jurídica evitando resoluciones dispares sobre casos similares.
«Esto no afectará para nada a la independencia judicial», ha aclarado, indicando que los jueces podrán apartarse del criterio común siempre y cuando lo motiven, sin exponerse a reprobación alguna.
REFUERZOS PARA CASOS ESPECIALES
El secretario de Estado también ha destacado que los tribunales de instancia permitirán una distribución más racional de la carga de trabajo. En este sentido, ha contado que en «casos de especial complejidad» por su «magnitud» el juez sobre el que haya caído podrá contar con otros dos de refuerzo. A modo de ejemplo, ha citado la causa del ‘Prestige’.
Con todo ello, ha definido los tribunales de instancia como «una placa base» donde, en función de las necesidades de cada partido judicial y de cada caso, se irán poniendo «módulos».
Zapatero ha enfatizado que dará mayor flexibilidad a la administración de justicia porque se crearán solamente las plazas necesarias –ya sean de juez, letrado de la administración de justicia u otros funcionarios– en los tribunales de instancia que las requieran.
Actualmente, ha recordado, cada vez que se quiere ampliar la capacidad judicial hay que crear «de golpe» un «bloque» de juez, letrado de la administración de justicia y funcionarios, un total de nueve personas.
Asimismo, ha resaltado que la ley de Eficiencia Organizativa dará «un paso decisivo en materia de participación de la carrera judicial en el autogobierno del sector», dado que serán los propios jueces quienes elijan los órganos de gobierno de estos tribunales de instancia.
LOS JUZGADOS DE PAZ DEL FUTURO
Otro elemento fundamental de la nueva norma serán las oficinas de justicia en los municipios, que vienen a sustituir a los actuales juzgados de paz para modernizarlos y ampliar sus competencias.
De acuerdo con Zapatero, la idea es que se transformen en la ventana de la administración de justicia en cada localidad a la que los vecinos puedan acudir para realizar sus gestiones judiciales con la posibilidad de que, a través de convenios con otras administraciones, por ejemplo la tributaria, puedan hacer otros trámites.
Y la última pieza son las oficinas judiciales, que se activaron hace quince años pero solo se han materializado en el 10% del territorio, de acuerdo con los datos facilitados por el secretario de Estado. Aquí el propósito es completar el trabajo introduciendo la clave digital.
OBJETIVO: 2023
Zapatero ha señalado que el calendario contemplado en la propia ley fija 2023 como fecha límite para hacerla realidad. «Sabemos que en estos tres años nos toca sudar la camiseta para dejar implantado el sistema», ha asumido.
Conforme a la ‘hoja de ruta’, el 1 de octubre de 2022, en partidos judiciales donde haya solo juzgados mixtos, empezarán a funcionar los tribunales de instancia con sección única; el 1 de diciembre de 2022, donde haya juzgados de primera instancia, instrucción y violencia sobre la mujer, se constituirán los tribunales de instancia con sus respectivas secciones; y el 1 de julio de 2023, donde haya otros juzgados (social, menores, vigilancia penitenciaria…) se crearán los tribunales de instancia con las secciones correspondientes. Las oficinas judiciales y las oficinas de justicia en los municipios seguirán las mismas fases.
Los costes directos de la implantación de este proyecto de planta judicial serán de unos 9 millones de euros y estarán dedicados en su mayoría a las figuras novedosas, si bien fuentes ministeriales consultadas han matizado que los costes indirectos, como los asociados a obras de renovación o a las infraestructuras digitales, serán muchos más y engarzarán con el programa Justicia 2030 y los fondos europeos.
EN «COGOBERNANZA»
Zapatero ha hecho hincapié en que la nueva arquitectura normativa de la administración de justicia se está haciendo en «cogobernanza» junto a las comunidad autónomas y los profesionales del sector.
Este mismo jueves, Zapatero y otros representantes del Ministerio de Justicia se han reunido por videoconferencia con asociaciones de jueces (APM, AJFV, JJpD y FJI) y fiscales (AF, UPF y APIF), así como con el Consejo General de la Abogacía, del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y el Consejo General de Procuradores, para explicarles el anteproyecto de ley.
Según ha informado Justicia en sendos comunicados, el encuentro con asociaciones de jueces y fiscales ha transcurrido en «un ambiente cordial y de trabajo» en el que se han hecho nuevas propuestas, mientras que en la segunda reunión abogados, procuradores y graduados sociales han valorado positivamente el borrador. En ambos casos, las partes se han emplazado a futuras citas para seguir debatiendo la ley.
