El PSOE defenderá este martes en el Congreso una iniciativa con la que pide reformas en la legislación electoral para limitar los efectos del transfuguismo político en los ayuntamientos, al tiempo que aboga por sumar más partidos al pacto suscrito en 1998 y a la comisión que vigila su cumplimiento.
Se trata de una proposición no de ley que se debatirá este martes en la Comisión de Política Territorial y que el PSOE registró el pasado mes de noviembre, es decir meses antes de que la comisión de seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo se reuniera recientemente en el Congreso para analizar principalmente las fracasadas mociones de censura presentadas el pasado mes de marzo en Murcia y Castilla y León.
En dicho encuentro, todos los partidos presentes, salvo el PP, señalaron como «tránsfugas» a los tres diputados de Ciudadanos que, tras pactar con el PP, hicieron fracasar la moción de censura que su partido y el PSOE presentaron en la Asamblea de Murcia contra el Gobierno de Fernando López Miras. Ahora será un grupo de expertos independientes el que determine la concurrencia o no de transfuguismo ante la falta de unanimidad.
En la iniciativa, el PSOE sostiene que el fenómeno del transfuguismo político está adquiriendo unas dimensiones que la experiencia configura como «un profundo problema político» por los «efectos inmediatos» que provoca.
De ahí que vea necesaria «una vuelta a la lealtad política recíproca» para limitar dichas conductas reprobables, que en el último año ha afectado a diferentes formaciones políticas tanto en grandes ciudades, como en Málaga o Tenerife, como en pequeñas localidades, como Cástrelo de Miño en la provincia de Ourense.
REUNIONES PERIÓDICAS
Así las cosas, los socialistas instan al Gobierno a trabajar por reactivar el Pacto Antitransfuguismo para que apruebe un acuerdo sobre un código de conducta política, «en un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la gobernabilidad, por latransparencia y por la calidad democrática de nuestras instituciones». En este sentido, buscan que se promuevan reformas electorales que limiten las consecuencias del transfuguismo en las corporaciones locales.
De la misma forma, abogan por impulsar la celebración de reuniones «periódicas» de la Comisión del Pacto Antitransfuguismo con el fin de que no transcurran períodos de tiempo dilatados que impidan un correcto seguimiento de los casos problemáticos, y actualizar la composición de dicho órgano para que participen en él el mayor número de partidos políticos posible.
Los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo suponen aproximadamente un 80% de representación del Congreso y el Senado: PSOE, PP, Izquierda Unida, ERC, PNV, BNG, Partido Aragonés, UPN, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, PRC, Galicia en Común, Cataluña en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera.
