El Papa ha derogado la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario y ha decretado que a partir de ahora puedan comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.
Así lo ha decretado en un Motu Proprio publicado este viernes. De esta manera, los cardenales o los obispos de la Curia Romana podrán comparecer en primera instancia ante el Tribunal de la Ciudad del Vaticano, que también está integrado por jueces laicos.
Por tanto, queda derogado el artículo 24 de la mencionada ley regula el sistema judicial del Estado pontificio: «La Corte de Casación es la única competente para juzgar, previo consentimiento del Sumo Pontífice, a los cardenales y obispos en las causas penales».
Además, se modifica el artículo 6 para asignar a la justicia ordinaria los procesos a cardenales y obispos «previo asentimiento del Sumo Pontífice». En todo caso, se establecen una serie de excepciones, recogidas en el artículo 1.401 del Código de Derecho Canónico: «Las causas que se refieren a cosas espirituales o inherentes a ellas» o «la violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado».
Hasta ahora solo podían ser juzgados o investigados por los otros cardenales que integran el Tribunal Supremo especial del Vaticano, el único ente jurídico competente para abrir una investigación contra los miembros de la Curia Romana, junto con el Papa.
«La exigencia prioritaria es que, también con oportunos cambios normativos, del sistema procesal vigente emerja la igualdad de todos los miembros de la Iglesia y su igual dignidad y posición, sin privilegios que se remontan en el tiempo y que ya no son consonantes con las responsabilidades de cada uno en la aedificatio Ecclesiae (construcción de la Iglesia), defiende el Pontífice en el texto.
La imposibilidad de ser juzgados por la justicia ordinaria, ha determinado que en el pasado los cardenales no hayan sido procesados. Durante el juicio contra los directivos del hospital pediátrico Bambin Gesù, procesados por el tribunal del Vaticano por haber desviado dinero de los fondos de manera ilegal para sufragar la reforma del ático en el que vivía el ex secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone. En aquel caso el purpurado acabó pagando 150.000 al hospital, pero nunca fue imputado en el caso.
Esta nueva disposición podría abrir la puerta a que el cardenal Giovanni Angelo Becciu, ex Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, fuera procesado por su implicación en la compra opaca de un inmueble en Londres, que provocó un agujero millonario en las cuentas del Vaticano. Hasta ahora, por su condición de miembro del colegio cardenalicio, Becciu no podría ser investigado por la justicia ordinaria.
Tal y como explica el motu proprio, en la actualidad «se advierte la exigencia» de modificar el ordenamiento jurídico del Estado vaticano para «asegurar a todos un juicio articulado en más grados» y «en línea» con los sistemas judiciales internacionales «más avanzados».
