El desarrollo de la tecnología 5G podría reportar unos beneficios indirectos de 14.600 millones de euros este mismo año en España, según recoge el Gobierno a partir de un estudio encargado por la Comisión Europea sobre el impacto de la introducción de esta tecnología en la Unión.
Así consta en la memoria de impacto económico y presupuestario que acompaña al decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros del martes que transpone varias directivas comunitarias y también modifica la Ley General de Telecomunicaciones para ampliar los plazos mínimos de duración de las licencias de las bandas de frecuencias.
Con el decreto ley, el Ejecutivo posibilita que las concesiones del uso del espectro radioeléctrico para las próximas licitaciones públicas, incluidas las previstas para el desarrollo de redes 5G, tengan una duración mínima de 20 años, pudiendo alcanzar un máximo de 40 años, el doble del período máximo actual.
El Gobierno justifica esta decisión en la necesidad de garantizar a los operadores estabilidad, previsibilidad y un retorno «adecuado» de las inversiones realizadas, tal y como recoge el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas para promover una inversión sostenible en el desarrollo de estas redes.
ESTUDIO ENCARGADO POR LA UE
En su memoria de impacto, el Ejecutivo cita un estudio encargado en 2014 por parte de la Comisión Europea sobre los beneficios estimados de la introducción del 5G en cuatro sectores productivos: la automoción, la salud, el transporte y las ‘utilities’ –definición genérica de aquellos servicios públicos como la energía, el agua o las autopistas–.
Para toda la Unión Europea, el estudio prevé un aumento progresivo de los beneficios derivados de esta introducción hasta alcanzar los 62.500 millones de euros de impacto directo anual para 2025. Considerando el impacto indirecto, los beneficios totales anuales esperados alcanzarían los 113.000 millones de euros.
En el caso de España, el mismo estudio estima que con unas inversiones adecuadas en 5G se obtendrían en 2021 unos beneficios indirectos en los cuatro sectores analizados de 14.600 millones de euros.
REGULACIÓN DE LA CNMC Y MERCADO SECUNDARIO
Por otro lado, el Gobierno reconoce que la ampliación de las concesiones de bandas de frecuencia limita la posibilidad de otros operadores en el mercado, si bien señala que este efecto se plasmará en varias décadas, dentro de un sector «innovador y transformador».
En todo caso, señala que esta titularidad «no implica una explotación exclusiva y excluyente de esos derechos de uso»: «Al margen de medidas regulatorias que puedan ser adoptadas por la CNMC, ya sea como regulación ‘ex ante’ o como remedios ‘ex post’, el mercado secundario del dominio público radioeléctrico constituye una posibilidad existente en el mercado de las telecomunicaciones», apostilla.
En el caso concreto de España, remarca, se trata de «un mercado muy dinámico, en donde los operadores están llegando a importantes y numerosos acuerdos para transferir, compartir o ceder estos derechos de uso».
