El Gobierno prevé invertir 1.069 millones de euros en la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) entre 2021 y 2023, según consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a Bruselas y presentado este miércoles.
Esta aportación representa el 1,5 por ciento del total de los 69.528 millones de euros que España invertirá gracias al plan europeo. En concreto, en materia sanitaria hay presupuestados 451,03 millones de euros para este año, 499,15 millones de euros para 2022 y 118,82 millones de euros para 2023.
El plan sanitario del Gobierno contempla seis inversiones principales: plan de inversión en equipos de alta tecnología (792,1 millones de euros); acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud (62,05 millones); aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias (80,91 millones de euros); formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento (13,14 millones de euros); plan para la racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad (20,80 millones); y un ‘data lake’ sanitario (100 millones de euros).
Además, sin dotación presupuestaria, se recogen una serie de reformas de la sanidad pública, como el fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria, a través del Marco Estratégico, para conseguir «una mayor prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad, mejora de su control, reducción de desigualdades sociales y territoriales y mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario».
Asimismo, se incluye una reforma del sistema de salud pública, que se desarrollará a través de una estrategia española de salud pública acordada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), así como un sistema integrado de vigilancia que «incluirá la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) e integrará también los sistemas de información existentes sobre enfermedades no transmisibles».
La ‘joya de la corona’ en este ámbito, en cualquier caso, es la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, un «centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia», según explica el Ejecutivo. En particular, ejercerá funciones en 2 ámbitos principales: vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española; y preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y coordinación de las respuestas.
Este centro, que tendrá «autonomía funcional» pero estará vinculado al Ministerio de Sanidad, se encargará también del seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública. Las comunidades autónomas tendrán representación en este centro. «Ejercerá competencias de análisis y estudio, de asesoramiento técnico, de propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y también de gestión directa, sobre todo en el ámbito de la preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia. Se dotará con personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias», asegura el Gobierno.
Por otra parte, el Ejecutivo se marca como objetivo la «consolidación» de la cohesión, la equidad y la universalidad del SNS, tras el Real Decreto-Ley de 2018, a través de una nueva ley para «avanzar en la consecución de los objetivos de universalidad, equidad y cohesión», la «reorientación de la atención de alta complejidad en el sistema sanitario» y «el incremento de la cartera común de servicios sanitarios públicos a prestar al conjunto de la ciudadanía», como la salud bucodental o la medicina genómica.
Además, se opta por «reforzar» las dotaciones de médicos y enfermería, «reducir su temporalidad, mejorar sus condiciones laborales y potenciar su formación y desarrollo profesional». Para ello, se plantea reformar la ley que regula el personal sanitario en España (Estatuto Marco), así como un Real Decreto-Ley para mejorar el sistema de formación sanitaria especializada (MIR), «reforzando la parte formativa durante el periodo de residencia».
Asimismo, el Gobierno quiere impulsar una reforma de la regulación de medicamentos y productos sanitarios, introduciendo elementos que «incrementen la competencia y favorezcan el acceso a nuevos tratamientos, desarrollando a su vez el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica». Por ejemplo, el documento insta a «modificar el sistema de precios de referencia» o a «consolidar la dispensación no presencial de medicamentos de dispensación hospitalaria y la telefarmacia».
792 MILLONES PARA RENOVAR LA ALTA TECNOLOGÍA
La mayor inversión del plan se centra en los equipos de alta tecnología. «España presenta un nivel de obsolescencia de estos equipos claramente superior a la media europea y un nivel de densidad de estos equipos por habitante inferior también a la existente en los países europeos con un modelo sanitario equivalente al español. La distribución interna presenta también desequilibrios significativos», reconoce el texto.
Por ello, la inversión se desplegará en dos ámbitos. Por un lado, la renovación de equipos «por obsolescencia ajustada a intensidad de uso»; y, por otro, la «ampliación de equipos para equilibrar las diferencias interregionales y alcanzar progresivamente la media de la Unión Europea en cuanto a número de equipos por millón de habitante, con especial atención a las zonas del territorio español que presentan una dotación por habitante inferior a la media nacional».
El Plan incluirá los siguientes tipos de equipos: Aceleradores Lineales, Tomografía Axial Computarizada (TAC), incluyendo los de planificación; Resonancia Magnética, Tomografía por Emisión de Positrones (PET), Tomografía por Emisión de Positrones y TAC (PET-TAC), Cámara Gamma, Equipo de Braquiterapia Digital, Angiografía Vascular, Angiografía Neurorradiológica y Sala de Hemodinámica.
El número máximo total de equipos identificados en el plan es de 1.004: 618 susceptibles de renovación (+ 12 años) y 386 de ampliación. El Ejecutivo puntualiza, no obstante, que «estas cantidades son aproximadas y provisionales». «Las cifras exactas podrán ser modificadas una vez analizados los planes de adquisición regionales preexistentes y realizados los ajustes necesarios en el presupuesto establecido. La cifra total y el reparto regional serán acordados en el CISNS», precisan.
Sobre tecnología, también se establece la generación de un ‘Data Lake’ sanitario, que «recoja la información de los sistemas de información, con el objetivo de proporcionar un análisis masivo con capacidad de respuesta en tiempo real para la identificación y mejora del diagnóstico y tratamiento, identificación de factores de riesgo, análisis de tendencias, identificación de patrones, predicción de situaciones de riesgo sanitario y programación de recursos para su atención, incluyendo algoritmos de inteligencia artificial, y utilizando nuevas arquitecturas de sistemas escalables y nuevas herramientas de procesamiento y descubrimiento de modelos».
El Gobierno detalla que la definición de usos se establecerá en fases posteriores del proyecto y se prevé la posibilidad de incorporar a la sanidad privada. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es la responsable del proyecto, que se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio de Sanidad.
