La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare) ha mostrado su «profunda extrañeza» por la ausencia de referencias a las miles de personas fallecidas en las residencias de mayores durante la pandemia por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura, lo que a su juicio denota «muy poca sensibilidad social y falta de valores éticos».
«Siendo la Comunidad de Madrid la que arroja peores cifras de fallecidos por Covid-19 o síntomas compatibles, debido en buena parte a las políticas de la señora Ayuso, lo mínimo que podía haber hecho es autocrítica, petición de perdón y propuestas de mejora y mantener por coherencia y decencia la comisión de investigación sobre las Residencias en la Comunidad de Madrid. Sólo así se podrá conocer la verdad de lo ocurrido», han señalado en un comunicado.
La asociación considera «insultante y de falta absoluta de sensibilidad moral» que se mantenga en el Gobierno regional al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, «responsable de los «protocolos de la vergüenza» en la primera ola de la pandemia. «Los miles de mayores abandonados a su suerte por el gobierno de la Comunidad de Madrid no han podido ejercer la ‘libertad’ de la que tanto habla la presidenta», apostillan.
Por otro lado, Pladigmare considera que la Comunidad de Madrid necesita, «por justicia social y en cumplimiento de los derechos sociales constitucionales» un cambio radical del modelo asistencial consistentes, a su juicio, en revertir el modo de privatización de residencias, el establecimiento de un plan de creación de residencias públicas que cubra el déficit de plazas existentes –unas 8.000, calculan–, en relación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
También piden que se dote con mayor cantidad económica el coste de la plaza concertada y la prestación económica vinculada al servicio (cheque-servicio) y que se los ratios de personal, estableciéndolas por turnos y por puestos de trabajo, sin distinción de residencia pública o privada.
La entidad quiere que las residencias no sean de más de 60 plazas divididas en núcleos de convivencia de no más de 20 personas y dotar de muchos más inspectores (hay sólo 22 para más de 52.000 plazas) y de inspecciones más frecuentes, rigurosas y que midan la calidad de la atención (no solo los procedimientos); «que no se limiten a preguntar a las direcciones de las Residencias, sino que lo hagan también a los familiares y trabajadoras».
Asimismo, han solicitado que se potencie en las residencias la participación de residentes y familiares y por ello presentaron una alternativa de participación de los familiares en los Consejos de Residentes desde principios del año 2020. También que la Comunidad de Madrid tenga como interlocutores normales a las asociaciones que defienden la dignidad de los mayores.
RECUPERAR LA NORMALIDAD PREPANDÉMICA
La Plataforma quiere que la Administración haga todos los esfuerzos que sean necesarios por recuperar la normalidad prepandémica porque «la salud emocional y física de residentes y familiares lo requiere».
«Las cuestiones de seguridad por la pandemia no pueden justificar una limitación desproporcionada de los derechos de los residentes y los familiares a las salidas y las visitas. Estamos observando que, mientras se relajan las medidas de seguridad e higiene en la relación de trabajadoras y residentes se deja en manos de las direcciones de las residencias la interpretación, que siempre es restrictiva, del número de visitas y de facilidades para las mismas», han lamentado.
Pladigmare teme un retroceso a prácticas anteriores a la aparición de la pandemia, como «a falta de transparencia, la impunidad para las Residencias gestionadas privadamente o no querer hacerlas cumplir los contratos establecidos con ellas».
Por ello, están denunciando incumplimientos de contratos por parte de Residencias con plazas concertadas y con concesión de gestión de residencia pública «y, a pesar del reconocimiento de la veracidad de nuestras denuncias ni se les inicia un expediente sancionador».
