Estados Unidos ha expresado este viernes su «consternación» por el asesinato de los tres trabajadores, entre ellos una mujer española, de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la región etíope de Tigray, y ha pedido una investigación «independiente» y que se «rinda cuentas».
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha asegurado que Washington se siente «profundamente entristecido» por los «horribles» asesinatos de los miembros de MSF y ha aseverado que los ataques a los trabajadores humanitarios son «indefendibles» y «deben terminar inmediatamente».
«Pedimos una investigación independiente y que los autores rindan cuentas de estos asesinatos», ha apostillado Price, quien ha incidido en que el Gobierno de Etiopía es, en última instancia, «plenamente responsable de garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y el acceso libre y sin obstáculos a la ayuda humanitaria».
En este sentido, ha recordado que el cese de las hostilidades es «esencial» para garantizar que los trabajadores humanitarios puedan asistir a los ciudadanos de forma «segura» en la zona, y así «evitar más sufrimiento» y ayudar a hacer frente a los «innumerables problemas».
Este viernes MSF ha anunciado la muerte de tres de sus trabajadores en Etiopía, entre los que se encuentra una mujer española, tras perder el contacto con ellos el jueves por la noche. Según la organización, el vehículo en el que viajaban «ha sido hallado vacío y, a unos metros de distancia, sus cuerpos sin vida».
EL CONFLICTO EN TIGRAY
El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anunció en noviembre de 2020 el inicio de una ofensiva militar contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), en respuesta a un ataque del grupo contra la principal base del Ejército en Mekelle tras un drástico repunte de las tensiones entre la formación y el Gobierno central.
Las agencias de la ONU y las ONG han visto limitado su margen de maniobra en la zona, en un contexto marcado por una grave crisis humanitaria que azota Tigray.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha denunciado en su último informe sobre la situación, publicado este viernes, casos de «acoso, intimidación y detención» de cooperantes, así como la confiscación de ayuda.
