Unidas Podemos tiene los principios claros. Al menos los políticos. Para la formación morada, la Justicia está tremendamente politizada. Según sus argumentos, sentencias del Tribunal Supremo o del Constitucional cargan razones sus críticas y dejan claro que los jueces están politizados. Por eso, la formación morada ha aprovechado la sentencia del Tribunal Constitucional (la que declara ilegal el estado de alarma proclamado por Pedro Sánchez) para recordar a los españoles la necesitad de despolitizar la Justicia forzando de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sobre cómo quiere hacerlo Unidas Podemos, la respuesta es sencilla: quiere nombrar a vocales afines a ellos en el CGPJ para que velen por la independencia judicial. Tiene sentido, ¿no?
No ha habido un solo día en el que Podemos no haya recuperado a raíz de una sentencia con la que no estaban de acuerdo el concepto de lawfare. Esta idea se recupera de Brasil, pues ese concepto se ha utilizado para defender al expresidente de este país Lula Da Silva y para recordar que se puede emplear la Justicia para fines políticos y persecutorios siempre que el juez de turno quiera conseguir objetivos. Podemos entiende que la justicia brasileña es comparable a la española y entiende que el Tribunal Supremo y el Constitucional están plagados de magistrados conservadores que hacen que la Justicia esté politizada. La solución que proponen es controlar ellos algún que otro vocal del CGPJ (en proporción a al representación parlamentaria) para velar por la independencia judicial.
«Lo del Tribunal Constitucional y el resto del actual Poder Judicial secuestrado por el PP ya lo explicó Cayetana Álvarez de Toledo. En un arranque de honestidad después de ser purgada por Casado, dejó claro cuál es su verdadera función. (Spoiler: no es impartir justicia)», aseguró el diputado de Podemos y portavoz de la formación, Pablo Echenique. «El estado de alarma salvó cientos de miles vidas durante los momentos más duros de la pandemia. Hicimos lo que había que hacer. En España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces. Es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial», comentó la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra.
Lo del Tribunal Constitucional y el resto del actual Poder Judicial secuestrado por el PP ya lo explicó Cayetana Álvarez de Toledo. En un arranque de honestidad después de ser purgada por Casado, dejó claro cuál es su verdadera función.
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— Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 15, 2021
El problema es que todas estas presiones tienen como objetivo, por supuesto, hacer que Pablo Casado ceda y que se permita a Unidas Podemos entrar en el CGPJ para controlar los vocales. Lo que a Podemos le irrita es que el órgano de los jueces, a su juicio, está plagado de magistrados conservadores cercanos a Vox. Por eso quieren que Casado ceda para colar a sus vocales. Y de paso, meter también alguno que represente los intereses de EH Bildu, de ERC y, cómo no, del PNV o la CUP. La justicia está politizada y para que deje de estarlo se debe dejar entrar otras sensibilidades políticas, según Unidas Podemos. Esa es su solución.
La sentencia del Tribunal Constitucional ha sido otra excusa perfecta para Podemos para recordar que los magistrados son todos de derechas. Pero sobretodo, para atacar y no recalcar que su solución pasa por controlar ellos a según qué vocales. Podemos siempre se ha mostrado contrario a que sean los jueces los que determinen quién gestiona sus organismos porque entienden que la mayoría de ellos son conservadores. Su única solución pasa porque les dejen entrar en el CGPJ. Nada más. La ministra de Igualdad, Irene Montero, también se ha mojado en este asunto dejando clara su postura. “Álvarez de Toledo dijo: “Los jueces son el único dique de contención contra ese Gobierno”. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que “el rey, ella y el Poder Judicial eran la oposición a este Gobierno”. Tienen muy poco respeto por la democracia», ha asegurado este viernes.
EL FALLO DEL CONSTITUCIONAL
Si te pusieron una multa durante el confinamiento y aún no la has pagado, no tendrás que hacerlo. Y si lo hiciste, podrás reclamar tu dinero porque la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de meter en sus casas a todos los españoles es ilegal, tal y como ha detallado el Tribunal Constitucional. El problema no es solo que las más de 1,1 millones de sanciones se hayan quedado sin cobertura legal, sino que hay alguno que otro presidente autonómico que le ha cogido el gustillo a limitar derechos fundamentales a los españoles, como el de libre circulación. El confinamiento fue ilegal no porque estuviera mal, sino porque el presidente no estuvo sometido a los controles parlamentarios necesarios, según el fallo del Constitucional. Todos los españoles multados se librarán de las multas, previsiblemente.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, está en el punto de mira del Constitucional. Puede que el Tribunal Superior de Justicia de su autonomía avale las medidas restrictivas que Puig sigue adoptando incluso sin el estado de alarma vigente, pero lo cierto es que si el Constitucional dice que las multas impuestas durante el confinamiento (con un estado de alarma vigente aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados) no tienen validez, las medidas adoptadas ahora por la autonomía valenciana aún menos. No se pueden violar sistemáticamente los derechos fundamentales a no ser que sea un estado de excepción. Si tampoco fue legal hacerlo durante un estado de alarma, menos sin él. Y Puig está en la cuerda floja. Él y otros barones que le han cogido el gusto a limitar los derechos de los españoles.
