La Audiencia Nacional ha otorgado este miércoles un primer permiso al líder de la trama de corrupción ‘Gürtel’, Francisco Correa, que le permitirá ausentarse tres días de la cárcel de Valdemoro donde purga una condena de 92 años de prisión, a los que podrían sumarse otros 77 años por los casos pendientes.
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha puesto como condiciones que Correa sea recogido y reintegrado a la cárcel por un familiar o la persona que designe, que firme a diario en la comisaría que elija y que duerma en el domicilio que indique entre las 00:00 y las 08.00 horas de cada jornada.
No obstante, el mismo juzgado ha señalado que, en el caso de que la administración penitenciaria cuente con dispositivos telemáticos, estos se valorarán como preferentes a las anteriores medidas.
De esta forma, la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha estimado el recurso presentado por Correa contra el acuerdo de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid III en el que se le denegó el permiso de salida aludiendo a la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado, a que aún tiene responsabilidades penales pendientes y a la «falta objetiva de garantías de hacer buen uso del permiso».
El auto firmado por el juez José Luis Castro esgrime que Correa ha cumplido «en exceso» la cuarta parte de la condena y su comportamiento es «correcto», a lo que añade que ha experimentado una «positiva evolución», mencionando su decisión de pagar la responsabilidad civil, su colaboración con la justicia en los últimos juicios y su deseo de participar en el Programa de Intervención de Delitos Económicos.
MÁXIMO, 18 AÑOS DE CÁRCEL
El magistrado valora que, a pesar de la larga condena, el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional fijó en 18 años el límite máximo de cumplimiento, lo que implica que ya ha superado un cuarto de la misma y que el próximo año habrá purgado la mitad.
Castro concede que las tres cuartas partes de la condena que se suelen exigir para este permiso de salida aún quedan lejos (en 2027), si bien subraya al mismo tiempo que no es el único criterio, argumentando que debe tenerse en cuenta «la evolución del penado».
A este respecto resalta la conducta de Correa en prisión, precisando que ha realizado las actividades de limpieza de carácter obligatorio y que desde el pasado mes de octubre se ha hecho cargo de la Comisión de Ayuda Legal para los demás presos, «iniciando así una vía de mayor implicación» en la vida de la cárcel.
ESTÁ ARREPENTIDO
El juez aprecia igualmente el escrito donde Correa expresó su «arrepentimiento» asegurando que es fruto de «una profunda reflexión». «En un momento dado de mi vida tuve acceso a formas de ganar dinero ilícita y fácilmente, cuando debí abstenerme de tales prácticas», dijo, añadiendo que «no tiene justificación».
Cita también el informe psicológico elaborado posteriormente, según el cual Correa ha sufrido «un cambio conductual y de valores que constituyen una modificación de su actitud ante el delito y que debieran ser objeto de especifico tratamiento a través del Programa de Intervención de Delitos Económicos».
Asimismo, hace hincapié en que Correa ha satisfecho la responsabilidad civil por cuanto «ha consentido la repatriación de la totalidad de los fondos bloqueados en Suiza (20.702,642 euros, según informe del Ministerio Publico), poniendo a disposición de la justicia la totalidad de su patrimonio».
Además, confía en que Correa, en contra de los advertido por la junta de tratamiento de la cárcel de Valdemoro, «asumirá el disfrute del permiso con plena responsabilidad en tanto que constituye el inicio de un proceso favorecedor de mayores cotas de libertad».
VARIAS CONDENAS
La principal condena impuesta a Correa fue la dictada por la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo que le impone 51 años de prisión por los primeros años de la ‘Gürtel’ (1999-2005).
La última impuesta a Correa fue la condena a 13 años y 7 meses de cárcel por la adjudicación ilegal a su grupo empresarial del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
La primera condena que recibió fue la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en relación con el contrato del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo en las ediciones de 2005 a 2009. Fue condenado a 13 años de cárcel.
A estas penas hay que sumar otros 5 años y 3 meses de prisión por la pieza de la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008, liderado entonces por el ex presidente autonómico Francisco Camps.
A ello se añaden la pena impuesta por las adjudicaciones irregulares de AENA entre los años 2000 y 2002, hechos por los que castigaron a Correa con otros 6 años y 9 meses de cárcel, y la de 3 años de prisión por los contratos con el Ayuntamiento de Jerez.
La cifra podría seguir engordando, dado que el empresario aún tiene pendiente de juzgar la denominada pieza principal, donde la Fiscalía Anticorrupción le reclama en principio otros 77 años de cárcel por delitos fiscales.
