La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, un escrito donde pide reabrir la causa contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal e imputar al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
Según ha informado en un comunicado, el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación donde solicita a la Sala de lo Penal la nulidad del auto de 29 de julio con el que García-Castellón puso fin a las pesquisas sobre la ‘Operación Kitchen’ procesando a un total de once personas, entre ellas el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.
El Ministerio Fiscal cree que la investigación judicial sobre esta pieza separada de ‘Tándem’ se ha cerrado «precipitadamente» porque quedaban cuestiones pendientes, entre ellas algunas diligencias solicitadas por los fiscales para «el total esclarecimiento de los hechos» y que afectarían a algunos de los investigados para los que se archivó la causa.
En concreto, Anticorrupción ve «extemporáneo» el archivo de ‘Kitchen’ que García-Castellón decidió en ese mismo auto para Cospedal; su marido, Ignacio López del Hierro; y Enrique Olivares García, el ‘falso cura’ que asaltó la casa de los Bárcenas y retuvo a su mujer e hijo y a una empleada del hogar.
Cree que, a falta de las diligencias solicitadas por Fiscalía y rechazadas por el juez, hay «suficientes indicios de criminalidad» contra estas tres personas y, en consecuencia, reclama que se revoque el sobreseimiento parcial del que se beneficiaron.
Cospedal y su marido fueron imputados por el magistrado al sospechar que su intervención pudo ser «decisiva» para captar como espía de la ‘Kitchen’ al entonces chofer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos. Sin embargo, finalmente optó por no procesar al matrimonio aduciendo debilidad en las razones que justificaban su incriminación. No se han encontrado pruebas de su «participación intelectual» en este asunto, zanjó García-Castellón.
Además, Fiscalía ha vuelto a plantear a la Sala de lo Penal algunas de las diligencias desestimadas por el instructor, entre ellas que se cite a declarar como imputado a Cosidó, algo que en su momento justificó por «la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial».
LOS SMS DE VILLAREJO
El Ministerio Público también ha defendido la necesidad de seguir indagando en los cinco teléfonos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo aportó asegurando que los usó para intercambiarse mensajes con Rajoy sobre la marcha de la ‘Kitchen’. De acuerdo con el ex policía, uno de ellos pertenecía al entonces inquilino de La Moncloa.
Así, Anticorrupción plantea pedir a la Unidad de Asuntos Internos que lleve a cabo las actuaciones oportunas para identificar todos los datos relativos a estos cinco números y, en concreto, que se requiera al representante legal del Partido Popular para que indique quién tuvo asignado el número de teléfono corporativo que Villarejo atribuyó a Rajoy.
El juez descartó ahondar en este asunto por cuanto «ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro», apoyando tal afirmación en el hecho de que la Policía concluyó que no había conexión alguna» entre los teléfonos intervenidos y el que supuestamente usaba el ex mandatario.
MÁS DECLARACIONES
Anticorrupción ha demandado igualmente la imputación del comisario Mariano Hervás, que era el ‘número dos’ de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en la etapa de la ‘Kitchen’, y que el comisario Enrique García Castaño y el inspector José Ángel Fuentes Gago –otros de los procesados– vuelvan a ser interrogados.
Busca profundizar asimismo en la trama carcelaria de la ‘Kitchen’ en la medida en que pide que Asuntos Internos recabe la documentación obrante en archivos policiales que «pudiera poner de manifiesto la entrega de fondos reservados, mediante entregas de dinero en efectivo o en especie, a otros colaboradores captados en el curso de la ‘Operación Kitchen’, tanto en el caso del ya identificado como Isidro Sánchez, como en el caso de otros colaboradores», entre ellos el ‘falso cura’.
En este sentido, reclama información sobre las consultas que se hicieron entre 2013 y 2014 sobre Sánchez –compañero de prisión de Bárcenas– en los ficheros policiales, y sobre la identidad y los motivos de las visitas que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía hicieron en la cárcel a Olivares García, pidiendo además identificar las cuentas bancarias desde las que se le ingresó dinero en el peculio y que se vuelva a emitir un informe médicos sobre su estado de salud.
El Ministerio Fiscal centra especialmente su atención en Sánchez, solicitando que se le incluya expresamente en el auto recurrido, de modo que «en su momento» los fiscales puedan formular una acusación contra él si así lo consideran.
«CAOS PROCESAL»
Con todo, Anticorrupción pide prorrogar seis meses la investigación de ‘Kitchen’, definiendo como «caótica» la situación procesal que se ha creado «al acumular en una misma resolución judicial decisiones que en sí mismas pueden ser objeto de recurso» y que, de hecho, recurre ahora.
Otros de los procesados en esta pieza 7 han recurrido el final de las pesquisas judiciales. Es el caso del Fernández Díaz, que habla de un «cierre en falso» de la causa por achacar a Interior el origen del presunto espionaje a Bárcenas; o del ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, que esgrime que su «rectitud» hace «inverosímil» que sus compañeros contaran con él para la ‘Kitchen’.
Según se ha podido saber, también han formulado recursos contra dicho auto el comisario García Castaño, que quiere que se recoja expresamente su colaboración con la Justicia, y el ex chófer de los Bárcenas.
El cuadro de procesados por esta causa lo completan el ex secretario de Estado Francisco Martínez; el ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino, los comisarios José Luis Olivera y Andrés Gómez Gordo, y el policía Bonifacio Díez.
El juez considera acreditado, a nivel indiciario, que los once procesados, «puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo», pusieron en marcha la ‘Kitchen’, lo que sería constitutivo de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional asumió en su auto del pasado 29 de julio que la ‘Operación Kitchen’ consiguió su objetivo, que era robar a Bárcenas la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes para evitar que llegara a manos de la Justicia.
