La Policía ha indicado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la macrocausa ‘Tándem’, sobre los negocios privados de José Manuel Villarejo, que solo los funcionarios del cuerpo en activo pueden acceder al escalafón de personal para consultar cuál es la situación exacta de cada miembro en cada momento, en respuesta a una petición inicial de los ex jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank con la que querían demostrar que no fueron negligentes al contratar al ahora comisario jubilado.
‘Tándem’, formada por más de una treintena de piezas separadas, gira en torno a los trabajos que Villarejo habría hecho a título privado pero valiéndose de los recursos que tenía al alcance de su mano como comisario para distintos sujetos, desde grandes empresas a personas enfrentadas por herencias, lo cual constituiría presuntos delitos de cohecho, entre otros.
De acuerdo con este informe policial, Villarejo estuvo en activo entre 1973 y 1983, tras lo cual disfrutó de diez años de excedencia por «interés particular», para reincorporarse en 1993 y hasta el 22 de junio de 2016, cuando obtuvo la jubilación voluntaria.
La División de Personal de la Policía Nacional explica en dicho informe, del pasado 27 de julio, que la orden ministerial por la que se aprueba el escalafón se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) –cada cuatro años hasta 2013 y anualmente desde 2016–, pero sin los anexos.
Esos anexos se recogen en sucesivas resoluciones que se publican «para conocimiento general de todos los funcionarios en la Orden General de la Policía Nacional, dentro de la Intranet, Webpol».
«A la citada Intranet solo se tiene acceso, en principio, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en activo y que dispongan de un ordenador en alguna de las dependencias de la Policía Nacional», señala.
Para entrar en Webpol, describe, los funcionarios policiales tienen que usar su carné profesional, sus «claves individuales e intransferibles» o su DNI electrónico. Una vez dentro, se pueden hacer búsquedas sobre todos los miembros del escalafón, «siempre que se conozca el nombre y los apellidos concretos».
Además, precisa que «hasta 2018, inclusive, se publicaba todo el escalafón del CNP». En un principio se difundía en papel en la secretaría de las dependencias y, posteriormente, en la web de la División de Personal. Pero en 2019, por la ley de protección de datos, se publica de manera «más restrictiva», solo en Webpol.
«PARTICULARMENTE NEGLIGENTES»
La Policía responde así al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, que requirió a la Unidad de Asuntos Internos que le informase sobre el «régimen de publicidad» del escalafón policial, cómo puede mirarse y, en concreto, si los agentes que no están en activo pueden consultar la Orden General, así como la situación administrativa de Villarejo desde 2007.
El magistrado accedía así a lo planteado por los ex jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente, en sendos escritos donde reclamaron a García-Castellón que hiciera una serie de indagaciones para constatar que no cometieron negligencia alguna al contratar los servicios de Villarejo, presuntamente, para espiar al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, en el marco de una pugna empresarial.
En un auto del pasado 8 de julio, el instructor acusaba a Araujo y Rancaño de ser «particularmente negligentes» por no haber hecho las comprobaciones básicas que les habrían llevado a la conclusión de que CENYT, empresa propiedad del comisario, no podía ofrecer servicios de seguridad privada, porque no estaba habilitada para ello, y de que no podían contratar con Villarejo, porque era un policía en activo.
Sobre esto último, el juez hizo hincapié en que ambos eran miembros de la Policía Nacional, por lo que –mantuvo– sabían que el escalafón de agentes se publica anualmente en una orden general, «fácilmente accesible por cualquier funcionario» del cuerpo. De haberla consultado, expuso, habrían visto que Villarejo estuvo en activo hasta 2016.
Sin embargo, ellos alegaron que en esas fechas, 2011 –cuando se produjo el encargo a Villarejo– no tenían acceso al escalafón policial. En ese momento, Rancaño figuraba en segunda actividad y Araujo estaba en excedencia voluntaria. Si hubieran consultado dicha orden habrían incurrido en una ilegalidad, advirtió el ex jefe de Seguridad de CaixaBank.
El magistrado, en un auto dictado el lunes, ha propuesto juzgar a los dos ex jefes de seguridad y al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, así como a Villarejo, su socio Rafael Redondo y al comisario Enrique García Castaño.
El objeto de esta pieza separada 21 de ‘Tándem’ es la contratación en 2011 por parte de ambas mercantiles a CENYT con el presunto objetivo de que espiara a Del Rivero para impedir que se hiciera con el control de Repsol –de la que CaixaBank es uno de los principales accionistas– a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex.
