La Plataforma de la Infancia ha insistido en la necesidad de contar con un plan de contingencia para evitar las «grandes vulneraciones» de los derechos de los menores migrantes no acompañados en España. En concreto, ese plan debe garantizar la asistencia letrada de los menores migrantes, identificar a los más vulnerables y repartir recursos entre las comunidades autónomas.
«No solo las comunidades autónomas con cercanía de frontera deben asumir estas situaciones, las comunidades autónomas deben cambiar su rol de manera responsable. Los hechos graves que hemos visto en Ceuta no deberían volver a suceder», ha sentenciado el director de la Plataforma de la Infancia, Ricardo Ibarra Roca.
Así lo ha manifestado este martes, 28 de septiembre, el director de la plataforma durante su comparecencia en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, donde ha informado sobre la situación de los derechos de la infancia en la coyuntura presente.
La situación de contingencia, según ha explicado Ibarra, debe contemplar qué va a pasar con aquellos niños cuyo interés superior diga que tienen que quedarse en España porque la vuelta a su país sea contraria a sus intereses. «Hay niños que viven en entornos complicados en Ceuta, no tiene la capacidad para asumir una situación de estas envergaduras», ha lamentado.
Aunque ha denunciado las «grandes vulneraciones» de los derechos de los niños en España, ha celebrado que se resolviera el «problema enquistado» en Melilla con los menores en el sistema educativo, «pese a que se sabía que tenían residencia en Melilla», algo que «no debería haber pasado».
Ibarra se ha mostrado «muy contento» de que se haya generado un derecho de acceso a la educación en Melilla, pero ha criticado que los mayores de dieciséis años no tengan alternativa todavía dentro del sistema educativo. Así, ha instado a ofrecer garantías para que «esto no vuelva a pasar en el futuro» ante la «situación económica complicada» en Melilla, por lo que ha defendido que no sean solo las comunidades autónomas en fronteras las que «tienen que asumir situaciones excepcionales» ya que «no tienen esa capacidad de dotar de recursos suficientes a estos niños».
ESTRATEGIA INTEGRAL DE INFANCIA MIGRANTE
Asimismo, Ibarra ha reclamado «importantes medidas políticas efectivas más allá de situaciones coyunturales» y ha añadido que están trabajando en una estrategia integral de infancia migrante con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el que colaboran para garantizar los sistemas de protección para que los menores no acompañados tengan «igualdad de oportunidades» a la hora de acceder al sistema laboral.
A pesar de que considera un «avance notable» el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, ha matizado que tiene «problemas de configuración» en casos como las familias numerosas con cuatro hijos o familias jóvenes menores de 23 años: «Esperamos que en la tramitación parlamentaria del IMV esté el ánimo de cambiar y mejorar esta medida, que puede funcionar muy bien».
En la misma línea, el director de la plataforma ha detectado «carencias» en el diseño y el funcionamiento del IMV, debido a la «complejidad burocrática» y a la falta de participación del Tercer Sector. Además, ha añadido que «no debe menoscabar las ayudas existentes en las comunidades autónomas como está sucediendo».
Por otro lado, ha alertado del «brutal» impacto de la pandemia en la salud mental de la infancia, debido al confinamiento, la exposición a pantallas, el tiempo que han perdido en espacio de sociabilización o incluso la violencia física que hayan podido sufrir. «Creo que es muy positivo que empecemos a hablar con normalidad de la salud mental, que es algo que tenemos que dejar de menospreciar cuando hablamos de los problemas de los niños», ha dicho.
RETOS PENDIENTES EN LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA
Tras la intervención del director de la Plataforma de la Infancia, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Uxía Tizón ha mostrado su preocupación por la situación de los menores en España y ha reconocido que quedan «retos pendientes» como la tasa de pobreza infantil o el abandono escolar. «Se debe trabajar sin descanso para que los niños disfruten de un presente cargado de futuro», ha dicho.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, José Ortiz Galván ha advertido de que los datos de pobreza infantil «son escalofriantes» y que España lidera la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, por lo que ha urgido a revisar el sistema de protección de la infancia. Sobre la educación de 0 a 3 años, ha apuntado que las familias con rentas altas son aquellos que el 62,3% escolarizan a sus hijos en esa franja de edad, frente al 23% en las familias con rentas bajas.
El diputado de Vox Pablo Juan Calvo ha hecho hincapié en que un aspecto «poco tratado» por es asociacionismo juvenil es la «violencia institucional» ya que, a su juicio, la institucionalización de una personas menor de edad «ya es una forma de violencia», por lo que ha apostado por «reducir al máximo» la estancia de los niños en los centros ya que sus vidas «muchas veces se truncan».
Para la diputada del Grupo Parlamentario Republicano María Carvalho Dantas, todas las enmiendas de la Plataforma de la Infancia «han sido imprescindibles» para la Ley de la Infancia, pero ha lamentado «que no se hayan aceptado todas y cada una de ellas». La diputada también ha agradecido a la plataforma por la escolarización de los niños en Melilla y ha destacado que continuarán «trabajando incansablemente» por los derechos del niño.
Desde el Grupo Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han criticado los «episodios absolutamente despreciables» como los sucedidos con la escolarización en Melilla o la situación en cuenta y han advertido de que hay «retos legislativos pendientes» como el desarrollo de la Ley de Infancia.
En referencia a la situación de los menores en Melilla, el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha calificado de «lamentable» que haya tenido que intervenir la justicia ante la propia actuación del Gobierno: «Es evidente que el cumplimiento de la ley es la solución porque ante la situación de extranjería está la situación de la minoría de edad como un carácter prioritario».
FALTA DE ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL COVID EN LOS NIÑOS
En la Comisión también ha participado el coordinador interno del Consejo de la Juventud de España, Ricardo Blázquez, quien ha manifestado que las consecuencias de la pandemia, que ha provocado «grandes cambios» en la vida diaria además de los cambios físicos y fisiológicos a los que sufrieron el virus, «se han analizado obviando a la infancia».
En este sentido, el coordinador del Consejo de la Juventud ha advertido de que la juventud ha sido el colectivo que «más ha hipotecado su vida» durante la pandemia, al tener que aislarse durante tres o cuatro meses cuando están en un proceso de sociabilización y de desarrollo de la personalidad.
Por su parte, el presidente de Justicia Poética, Mario Díez, ha criticado a los grupos parlamentarios por no «despojarse de sus siglas» por los intereses de los menores. «Los menores no entienden la batalla política, entienden de sus derechos y de que no puedan ejercitarlos», ha apostillado.
Precisamente, ha incidido en que «no es posible» ser abogado de un niño en España, algo de lo que, a su juicio, ha culpado al legislador: «Un niño inocente tiene cero derechos frente a los que tiene un criminal. En los juzgados cuando ves a niños que son ceros a la izquierda, que cuentan sus cosas temblando como una hoja y no hay manera de ejercitar sus derechos».
Por último, la secretaria de Familia y Derecho, Isabel Winkels, ha asegurado que la situación jurídica que alerta a las familias «es cada vez más compleja» y que una resolución «ágil y profesional» de conflictos de familia «evita muchos traspasos que se producen a violencia de género».
