El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno de España, en el marco del desarrollo de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, a impulsar un Abono Básico de Telecomunicaciones que tenga como finalidad garantizar el acceso a Internet de las personas en situación de vulnerabilidad social y necesidades especiales.
El texto, propuesto por el grupo parlamentario Ciudadanos y transaccionado con el grupo parlamentario socialista, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso.
En concreto, el texto plantea que se facilite a estas personas la contratación mediante abonos sociales, tanto de servicios de Internet de banda ancha como de servicios de comunicación local.
Para la defensa de la proposición, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha puesto de manifiesto que en 2020, en España, había 26.767 poblaciones con más de 10 habitantes a las que no llegaba Internet y 13 millones de personas se veían afectadas por la falta de cobertura, según datos de la Unión General de Trabajadores.
Giménez ha precisado que actualmente existe un abono social del que se pueden beneficiar pensionistas y jubilados con rentas de un determinado intervalo, que obtienen una reducción en un 70% de la cuota de alta de la línea telefónica fija, pero ha advertido de que, si contratan Internet, no tienen derecho a descuentos.
Por ello, ha observado que existe «un déficit claro» y ha pedido extender también este abono no solo del teléfono fijo a Internet, sino también a otros colectivos como la infancia pues, según ha precisado, «uno de cada cuatro menores está en riesgo de pobreza».
