Dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos (Cs) han apoyado este viernes la concentración de simpatizantes de la asociación ‘Tu Abandono Me Puede Matar’ en una protesta celebrada frente a la sede central de Instituciones Penitenciarias convocada tras la detención de la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) por simular un delito.
En concreto, han respaldado la protesta la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, el diputado de Vox Javier Ortega Smith y el de Cs Edmundo Bal, centrando sus críticas en la gestión del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, a quien han pedido que levante la suspensión de empleo y sueldo para dos de los tres trabajadores expedientados tras los sucesos vividos en Villena.
Los funcionarios de prisiones se han preguntado «dónde están los encapuchados» y han pedido la dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por respaldar públicamente a la subdirectora que denunció amenazas y una agresión a la puerta de su domicilio. También han reprochado a Grande-Marlaska que la llamara «verdadera funcionaria».
La asociación ‘Tu Abandono Me Puede Matar’ cree que la denuncia falsa forma parte de una estrategia para criminalizar las reivindicaciones del colectivo y llevan desde que fue detenida la subdirectora de seguridad de Villena pidiendo que se levante el castigo impuesto a tres funcionarios de prisiones que redujeron en agosto a un preso con problemas mentales, dando paso a una investigación por posible exceso de fuerza.
Días después, la subdirectora de seguridad, responsable de la custodia de las grabaciones de las cámaras internas donde se veía la intervención de los funcionarios, denunció amenazas relacionadas con presiones de los trabajadores para que «cerrara la boca». Las mismas llegaron, según ella, a su teléfono móvil, y luego sufrió una agresión a la salida de su domicilio.
Los trabajadores convocados por esta plataforma han pedido más medios para poner fin a la inseguridad de los centros penitenciarios, así como una «equiparación salarial» con otros trabajadores, emulando el acuerdo firmado en 2018 entre el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de Policía Nacional y Guardia Civil.
