La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado una jornada de huelga general a raíz del conflicto que mantienen con el Ministerio de Justicia por la subida salarial que se vio frustrada ante la negativa del departamento dirigido por Pilar Llop de cumplir con el acuerdo al que habían llegado. Finalmente la huelga tendrá lugar el próximo 15 de diciembre.
En un comunicado, Comisiones Obreras (CCOO) ha avisado de que la convocatoria «provocará el cierre de órganos centrales como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o la Fiscalía General del Estado, así como de los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios» en los que incluye el Instituto Nacional de Toxicología y los Registros Civiles, los Institutos de Medicina Legal de Castilla y León, Región de Murcia, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla.
Así, está previsto el cierre en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia, «salvo para el cumplimiento de los servicios mínimos que serán negociados en los próximos días».
Según ha señalado CCOO, la huelga «también afectará al resto de territorios», ya que ha sido convocado el colectivo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, responsables funcionales de las oficinas judiciales de todo el Estado radicadas o no en comunidades autónomas con competencias transferidas.
UN ACUERDO FRUSTRADO
Los sindicatos han acusado al Gobierno de incumplir el acuerdo alcanzado el 14 de septiembre en la mesa de negociación que aproxima las retribuciones del personal a las que se perciben en las comunidades autónomas con competencias transferidas.
En el marco del comunicado, CCOO ha recordado que promovió una disposición adicional que fue aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 por la que se obligó al Ministerio de Justicia a negociar con los sindicatos esta adecuación salarial, obligando también al Gobierno a dotarla presupuestariamente.
Así, tras meses de negociación se alcanzó un acuerdo entre el equipo de Llop y las organizaciones sindicales para el «cobro inmediato» de las cantidades pactadas –entre 80 y 195 euros mensuales– con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021.
Aquel acuerdo quedó pendiente de la firma protocolaria de la representación de los sindicatos con la ministra, pero el pasado 5 de noviembre el secretario de Estado de Justicia comunicó a los sindicatos que iban a incumplir el acuerdo por impedimento del Ministerio de Hacienda, que se negaba a dotar los fondos necesarios para ello.
REUNIÓN CON EL MINISTERIO
CCOO ha informado de que tras la última reunión celebrada en el Ministerio de Justicia, continúa el desacuerdo. Según ha indicado, persisten las «diferencias» entre el Ejecutivo y los sindicatos, que «se centran en la retroactividad desde el 1 de enero de las cantidades pactadas y en la efectividad del incremento retributivo que el Gobierno pretende ahora diferir a subidas porcentuales durante los próximos tres años».
Esta situación tiene lugar días después de que los sindicatos llevaran a cabo una manifestación en Madrid. En el marco del conflicto, las organizaciones sindicales también enviaron una carta al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Yolanda Díaz para pedir su intermediación para que se cumpla con el compromiso del Gobierno de coalición con la negociación colectiva.
Desde CCOO han advertido que la huelga del 15 de diciembre «no será la última si el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno en su conjunto no rectifican en este ataque frontal a los derechos del colectivo de empleados y empleadas públicas de la Administración de Justicia».
LLOP DICE QUE APLICARÁ LA «RECETA DEL DÍALOGO»
Fuentes del departamento de Llop han asegurado que el Ministerio es «sensible» en materia de adecuación salarial y han recordado que «estamos en un complejo contexto de recuperación después de una grave crisis social, económica y sanitaria que requiere que las negociaciones que se iniciaron con el anterior equipo del Ministerio, se adecúen a la situación actual».
En el marco de la última sesión de la Comisión de Justicia del Senado, la propia ministra aseguró que aplicaría la «receta del diálogo» para buscar «la mejor solución» a la reclamación de los funcionarios y sindicatos, que ha reconocido como «muy legítima».
