Desde este pasado 1 de septiembre, el Estado y la Generalitat de Cataluña asumieron la conservación y explotación de varios tramos de autopistas, que suman en total 556 kilómetros libres ya de peajes. Habrá que restarlas por tanto de los 2.500 kilómetros de autopistas de peaje que hay en toda la Red de Carreteras del Estado. De esta forma, pasarán a ser gratuitos tras concesiones de entre 47 y 55 años a las que se llegaron tras sucesivas prórrogas de hasta 26 años.
Puede parecer una buena noticia, ya que significaría el fin de abonar un precio en esos tramos cada vez que los vas a utilizar. Pero no parece que vaya a ser así, y mucho menos que solo los catalanes tuvieran que mantenerlos. Por ahora se liberalizan los tramos de las autopistas AP-2 y AP-7, que pasarán a ser gestionados por el Ministerio de Transportes, a los que hay sumar otros tramos que dejaron de ser peaje desde el 1 de septiembre, y que pasarán a ser competencia de la Generalitat.
En el caso de las autopistas AP-7 Tarragona-La Jonquera y AP-2 Zaragoza-El Vendrell supondrá un ahorro para los usuarios de 515 millones de euros anuales con los más de 13 millones de desplazamientos actuales, aunque se prevé un aumento considerable del tráfico, con lo que la cifra se situaría en 752 millones de euros anuales.
EL GOVERN NO QUIERE INDEPENDENCIA DE PEAJES
Con el fin de esos peajes, los que tienen que asumir la Generalitat de Cataluña (la C-32 y C-33) no está muy claro su futuro, ya que, según explicó la portavoz, Patricia Plaja, quieren un modelo de infraestructuras que no sea un agravio para los catalanes. «Los catalanes han pagado demasiado dinero durante mucho tiempo por circular por Cataluña. Esto no es ningún regalo porque se ha pagado desde la primera peseta al último euro. Hoy cuatro autopistas dejan de ser de pago. Se está estudiando cuál debe ser el modelo de futuro, pero por el momento se descarta un sistema de pago que obligue sólo a los catalanes a pagar por el mantenimiento mientras el Estado se circula gratuitamente», ha añadido Plaja.
Por tanto, las carreteras que dependen íntegramente de la Generalitat, no quieren asumir íntegramente el coste de gestión y mantenimiento, sino que sea al menos compartida con el resto del Estado. Recordemos que en Cataluña hay más de 1.700 kilómetros de autopistas, autovías y carreteras desdobladas, siendo de pago un 60%, bien con peajes directos o indirectos. Sin embargo, desde este pasado 1 de septiembre, Cataluña tiene más kilómetros de vías rápidas gratuitas que de pago.
LA GENERALITAT NO SABE QUÉ HACER
El Govern está trabajando para que encontrar ese modelo ideal para gestionar las infraestructuras viales, pero por ahora no han encontrado el sistema. «No se descarta ningún sistema de pago alternativo, no hay lógica posible en que el sistema de la viñeta solo se plantee en Cataluña. Se tiene que decidir con el Estado pero sin generar nuevos problemas hacia Cataluña. El Govern ha adjudicado el mantenimiento de la C-32 y la C-33 a una empresa por 8,4 millones de euros hasta el próximo marzo», ha detallado la portavoz.
«se tiene que decidir con el estado pero sin generar nuevos problemas hacia cataluña»
Por ahora, hasta marzo de 2022, el mantenimiento y la gestión de la C-32 y C-33 correrá a cargo de la unión temporal de las empresas Sirogué, Comsa e Innovia Copatlia, con una inversión de 8,4 millones de euros, sumando impuestos. Es un dinero que irá destinado también al desmontaje de los peajes.
LA OPCIÓN DEL PAGO POR VIÑETA
Con el fin de las concesiones en los peajes, el Estado o la Generalitat tienen que hacerse cargo del mantenimiento de unas vías y buscan fórmulas para que los usuarios sigan pagando por ello. Los más habituales son el pago por el uso y el pago por viñeta. El pago por uso es la opción que se plantea el gobierno estatal a partir de 2024, en función de la distancia recorrida. Con este sistema, el coste de circular sería menor, entre 1 y 3 céntimos por kilómetro. Sin embargo, hay que instalar arcos de registro que requieren una alta inversión.
La otra opción, más sencilla, es la viñeta. Se trata de una tarifa plana anual, pagando por tiempo y que se utiliza en otros países europeos como Austria. Es la forma de pago que más gusta a la Generalitat, que ya quiso implantarla en 2019, pero no pudo por falta de acuerdo con el Estado, que recordemos es titular de la mitad de las autopistas catalanas. Mientras, el vicepresidente Puigneró aprovechó para reclamar la titularidad de la AP-2 y AP-7, precisamente las liberadas este 1 de septiembre.
MÁS LIBERALIZACIONES DE PEAJES
El Gobierno inició la liberación de los peajes en noviembre de ese mismo año con el tramo de la AP-1 Burgos-Armiñon, siguiendo en 2020 con la liberación de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Sumado a las liberaciones de la AP-2 y la AP-7, en total, se han liberado 1.029 kilómetros de autopistas de peaje.
La parte positiva para el usuario es que desde este 1 de septiembre pasado, circular por la red de carreteras del Estado será un 73% más barato de lo que era en 2017, y 4 de cada 10 kilómetros de autopista de peaje pasan a ser gratuitos. Esto supone un ahorro de 1.400 millones de euros anuales para los conductores, sobre todo por esta liberación de peajes, pero también por las rebajas de los mismos de Seittsa y las bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en tramos de autopistas de peaje.
