La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y UGT han denunciado que durante entre los años 2016 y 2020 se produjeron un total de 23.049 agresiones al personal de prisiones, lo que sse traduce en un ataque cada 36 horas, aunque denuncian que no existen datos oficiales.
Para hacer frente a esta situación, los sindicatos han reivindicado una formación universal a todos los empleados públicos penitenciarios para poder atender las situaciones violentas, no solo en materia de defensa personal, sino también en relación con la prevención y la resolución pacífica de conflictos.
Asimismo, han reclamado que los centros penitenciarios cuenten con las infraestructuras adecuadas porque, según ACAIP y UGT, hay prisiones con módulos cerrados, lo que provoca que, a pesar de la reducción del número de internos, sigue habiendo un problema de hacinamiento en muchas prisiones que, en algunos casos, como Alicante, supera el 150 por ciento de su capacidad.
Para los sindicatos, es imprescindible que se pueda realizar una correcta separación entre internos y que se aplique el reglamento penitenciario, especialmente, a aquellos internos que presentan un perfil violento. Así, han puesto en valor el trabajo que se realiza en los centros penitenciarios.
MÁS DE 4.000 PLAZAS VACANTES
En este punto, las organizaciones han asegurado que hay más de 4.000 vacantes, por lo que han pedido tener una plantilla suficiente, los medios materiales y jurídicos adecuados, y una formación universal enfocada al trabajo que se realiza a diario en una prisión para prevenir los incidentes entre internos dentro de una prisión.
Además, han apuntado que la administración debe reconocer la labor de los trabajadores penitenciarios, con una retribución acorde a las funciones realizadas y con una reclasificación de centros que se adecue a la realidad actual de las prisiones, la nueva tipología de delitos y los distintos perfiles de los reos.
Por último, han subrayado el fallecimiento de un interno de 19 años en la prisión de Aranjuez (Madrid), tras una pelea con otro preso y el ataque que llevó al hospital a otro recluso en Puerto III (Cádiz) para señalar la frustración entre los trabajadores tras estas situaciones en las que, según aseguran, la falta de personal y la carga de trabajo burocrático impide tener un buen control de todas las dependencias de un centro.
