La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este viernes a la Comunidad de Madrid una comisión de investigación sobre las tres menores, al menos, que eran explotadas en locales y narcopisos de la capital y que residían en centros de protección de menores la Comunidad de Madrid.
Villacís ha escrito, a través de sus redes sociales, que las niñas «debían haber sido cuidadas por la Administración». Asimismo, ha indicado que en Baleares, el PSOE y Podemos «bloquearon una investigación sobre abuso a menores tuteladas». «En Madrid no puede pasar lo mismo. Urge una comisión de investigación. De inmediato», ha resaltado en un tuit.
Al menos tres de las diez chicas liberadas por la Policía Nacional hace unas semanas al desarticular una banda que las explotaba sexualmente vivían en centros de protección de menores la Comunidad de Madrid, han confirmado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
No obstante, podrían ser más, ya que el departamento que dirige Concepción Dancausa está recopilando con detalle y precisión toda la información para conocer realmente lo que sucedió y así dar explicaciones la oposición y al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación al respecto, tal y como se comprometió la consejera anteayer en Twitter.
Las diez víctimas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, tienen entre 14 y 16 años. La Policía vincula a cuatro de ellas con centros de menores de la Comunidad de Madrid, otra con un centro de Guadalajara, otra vivía con su familia y otra ya era mayor de edad, entre otras situaciones, han informado fuentes policiales, que desconocen bajo qué tutela estaban estas chicas.
EL IMPORTANTE TESTIMONIO DE UNA DE LAS RESIDENTES
La Consejería aseguró en un principio que es un caso de prostitución ajena a los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas era tutelada por la Comunidad; pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban.
La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad está cooperando con la Policía en todo lo que requieran. De hecho, las mismas fuentes recalcan que una de las menores fue atendida en un centro de protección regional, enviada por la Policía cuando fue encontrada en situación de vulnerabilidad.
El testimonio de esta adolescente, que fue enviada primero al centro de primera acogida de Hortaleza pero luego a la Residencia de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama, situada en Paracuellos y especializada en adicciones, ha sido muy importante para desarticular la trama.
Estando allí confesó a los tutores que había sido explotada por una banda, al igual que otras chicas con necesidades económicas que captaban donde podían. No obstante, desde la Policía explican que estos testimonios no fueron clave para desarticular el grupo criminal, ya que las pesquisas se había iniciado mucho antes, en abril.
LA INVESTIGACIÓN Y LOS DETENIDOS
La investigación arrancó cuando los agentes del Grupo XXII de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Madrid tuvieron noticias en abril que una menor de edad se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia y que durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes en el polígono Marconi o en narcopisos de Usera o de Vallecas.
Los investigadores descubrieron que otras menores, con las que compartía lugar de residencia, se encontraban en la misma situación. Contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.
La operación culminó con la liberación de las diez víctimas y con un total de 37 individuos arrestados, la mayoría dominicanos. Pero también hay cuatro marroquíes y algunos rumanos, nigerianos, españoles y cubanos, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. Además, hay al menos cuatro mujeres detenidas.
Están acusados presuntamente de perpetrar los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.
