El Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Unión de Sindicatos de Trabajadores en Andalucía (Ustea) que reclama una modificación de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para reducir las ratios de alumnos por aula.
En concreto, la Mesa de la Cámara acordó, en sesión celebrada el pasado día 2 de febrero, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, admitir a trámite dicha iniciativa y «comunicarlo a la Junta Electoral de Andalucía, al objeto de que se proceda a la recogida de las firmas requeridas, conforme establece el artículo 9.1 de la considerada Ley», según se recoge en un acuerdo publicado esta semana en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).
Esta iniciativa legislativa propone la introducción de un nuevo apartado en el artículo 2 de la Ley de Educación de Andalucía para fijar un número máximo de alumnos por unidad educativa de 20 en aulas de segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria; de 25 en Educación Secundaria Obligatoria, y de 30 en Bachillerato.
De igual modo, la ILP plantea «unas ratios adecuadas a las diferentes modalidades de unidades específicas de educación especial», de cinco alumnos por aula en todos los casos salvo en los de autistas o psicóticos, para los que se propone una ratio máxima de tres alumnos, y de cuatro en las unidades de plurideficientes.
Asimismo, la iniciativa, propone una modificación del artículo 116 de la Ley de Educación de Andalucía –sobre profesorado y personal de atención educativa complementaria– para el establecimiento de unas ratios máximas de alumnado en relación con los profesionales dedicados a la atención a la diversidad, «remediando así el actual vacío normativo sobre la materia».
De este modo, se propone que dicho artículo 116 recoja que, «en el Sistema Educativo Público de Andalucía, los centros que impartan enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y FP estarán dotados» con «un orientador u orientadora», con «un maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica», y con «un maestro o maestra de Audición y Lenguaje», y en esos tres casos se apostilla que esa dotación «se verá incrementada por cada fracción de 250 alumnos».
También esos centros estarán dotados, según plantea la ILP que establezca la ley andaluza de Educación, «con un profesional PTIS y un segundo profesional por unidad específica de educación especial, dotación que se verá incrementada siempre que las necesidades del alumnado del centro lo requiera, en función de los informes de escolarización correspondientes».
«EN RIESGO» EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
En su exposición de motivos, los promotores de esta iniciativa sostienen que, «en estos momentos, el alto número de (…) alumnos en las aulas andaluzas, de todos los niveles educativos preuniversitarios, pone en serio riesgo la aplicación efectiva del derecho fundamental a la educación».
La iniciativa sostiene que «la relación entre la reducción del número de alumnas y alumnos por aula y docente y la calidad de la educación es un principio unánimemente aceptado» que «evidencian (…) incontables estudios realizados en las últimas décadas por instituciones académicas y profesionales de todo el mundo».
Así, los impulsores de esta ILP argumentan que ratios reducidas permiten, entre otras cuestiones, «dedicar mayor tiempo a la atención individualizada de cada alumno (…), mejorar el clima de convivencia del grupo» y «aumentar el confort en el aula, lo que favorece el rendimiento escolar».
En la exposición de motivos se advierte de que, aprovechando el incremento que permite la ley de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por unidad escolar «para atender necesidades de escolarización extraordinarias», se «están generalizando en la comunidad autónoma de Andalucía ratios de 28 alumnos en educación infantil y primaria, 33 en educación secundaria obligatoria y 38 en bachillerato».
Al hilo, la ILP llama la atención acerca de que, «en la legislación actual no está establecida, ni tan siquiera a título de recomendación, la ratio máxima de alumnado en relación a los profesionales que atienden a este colectivo». «Se trata de una carencia que urge remediar en aras de asegurar la universalidad de acceso a la educación», se puede leer en la exposición de motivos.
ANDALUCÍA, CON «COMPETENCIAS» PARA REDUCIR LAS RATIOS
Los promotores de esta iniciativa legislativa sostienen que la comunidad autónoma de Andalucía tiene «competencias» para rebajar y adaptar las ratios «a la realidad y las necesidades de nuestro territorio, adecuando las actuaciones organizativas y curriculares, en el marco de las responsabilidades que le corresponden».
En esa línea, se subraya en la exposición de motivos que «si hay una comunidad autónoma donde la reducción del número de alumnas y alumnos por unidad escolar es necesaria y urgente es Andalucía, que no solamente está entre los territorios con más alumnado por unidad escolar y docente, sino con peores datos de fracaso escolar y abandono escolar temprano de todo el Estado».
Ante ello, la ILP defiende que «el descenso de la natalidad en todo el Estado y también en Andalucía hace posible una alternativa de futuro, basada en la reducción de las ratios en todos los niveles educativos para mejorar las condiciones de enseñanza, sin necesidad de un aumento inasumible de la inversión en personal e infraestructuras.
Finalmente, argumenta que «la tímida reducción coyuntural de las ratios» durante la pandemia, «como resultado de la contratación de docentes de refuerzo para atender a las consecuencias de esta crisis, ha constatado que es factible adecuarlas a la realidad cuando ésta lo requiere, y que esta medida supone avances en indicadores como el rendimiento académico y la mejora de la convivencia en los centros escolares».
